Así lo defendió en una entrevista en el programa ‘Al rojo vivo’ de La Sexta, recogida por Servimedia y en la que hizo hincapié en la necesidad de “hacer un seguimiento no sólo de los precios de la energía”, ante la que, recordó, el Gobierno central “está actuando a través del tope del gas y otras muchas medidas”.

En este punto, explicó que dicha inflación subyacente acarrea “problemas que ya sí afectarían de manera muy importante a la economía”, por lo que insistió en la importancia de “estar vigilantes” ante la evolución de los precios de productos básicos como el trigo o derivados a causa de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, o la “escasez” de minerales y de productos primarios como consecuencia de los efectos del cambio climático en países como la India o Bangladés, que, dijo, “están haciendo que muchos países dejen de exportar este tipo de productos elevando las tensiones en el mercado”.

“Eso se puede acabar trasladando a productos básicos en nuestro país”, auguró, para reiterar la importancia de “estar muy atentos” a esta evolución y subrayar la “figura heterodoxa” defendida por el Banco Central Europeo de subir salarios para “compensar la pérdida de poder adquisitivo que supone la subida de la inflación”.

A su juicio, se trata de una “línea de trabajo que está cada vez cogiendo más fuerza” con el objetivo de “evitar” el “empobrecimiento de los sectores y las clases populares”.

PACTO DE RENTAS

Preguntado por si cree que es necesario un pacto de rentas y un pacto de precios a tenor de la inflación, el titular de Consumo destacó la importancia de “entender” que los salarios “no los determina el Gobierno”, sino que se determinan a través de convenios entre la patronal y sindicatos.

En este punto, se mostró convencido de que el “impacto” de la pandemia y también de la guerra en Ucrania unidos al de los “precios elevados” de la energía “está siendo muy desigual entre sectores”. “Hay sectores que son más dependientes de la energía y, por lo tanto, sufren más tensiones inflacionistas, y otros que menos”, puntualizó, para señalar que “ahí son los sindicatos y los agentes sociales, en general, los que tienen que determinarlo”.