Ésta será la última de las diligencias que practicará el magistrado antes de dar por concluida la instrucción de esta pieza separada del ‘caso Kitchen’.

Estos interrogatorios se realizan a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó un recurso contra el cierre del caso al entender que aún se podría aclarar el origen de la publicación en medios de comunicación de parte de la información que contenía el móvil de Bousselham, que perjudicaba la imagen de Iglesias justo antes de la celebración de unas elecciones.

Ese terminal le fue robado a la asesora en noviembre de 2015, mientras visitaba un centro comercial. Busselham denunció la sustracción. El contenido de ese dispositivo acabó en manos de medios de comunicación y fue el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien acabó haciéndole llegar la tarjeta de memoria del teléfono a Iglesias unos meses después, cuando ya se habían celebrado las elecciones generales en las que Podemos se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria.

Pese a haber recibido la tarjeta en enero de 2016, Iglesias no se la devolvió a su asesora hasta el mes de julio completamente destruida. Para entonces, 'OKDiario' había publicado varias conversaciones que perjudicaban la imagen del líder de Podemos, según sospechan los investigadores, por mediación del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Las evidencias sobre la participación de Villarejo en este asunto se obtuvieron en los registros que la Policía realizó en su domicilio en 2017 y donde se incautaron diversos dispositivos de memoria en los que se encontraron archivos denominados ‘Dina 2’ y ‘Dina 3’ con información procedente del móvil de Bousselham.

El magistrado García Castellón elevó en 2020 una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que se investigara a Pablo Iglesias que en ese momento era vicepresidente del Gobierno y, por tanto, aforado. El Supremo le devolvió el asunto al juez y le pidió que siguiera investigando.

RECURSO DE VOX

Además, el juez García Castellón rechazó este lunes el recurso presentado por Vox, que reclamaba la reapertura de la investigación sobre la destrucción de la tarjeta de memoria del teléfono robado a Dina Bousselham, por la que pretendía que se imputara a Pablo Iglesias, porque sus acusaciones se sustentan “únicamente en sospechas”.

Vox ejerce la acusación popular en esta causa, que el magistrado cerró el pasado mes de enero, tras recibir un informe de la Policía científica que le indicaba que, tras un minucioso análisis, concluía que no era posible establecer la identidad de la persona que accedió por última vez al contenido de la tarjeta SD de ese dispositivo, ni tampoco saber quién la destruyó.

Pese a que los recursos técnicos se han agotado, el partido que dirige Santiago Abascal, pedía al juez que citara a declarar como imputado al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. En un auto, García Castellón, descarta esta posibilidad puesto que la Policía ha sido incapaz de determinar como y quien produjo los daños en la tarjeta y, por tanto, no se le puede atribuir responsabilidad alguna Iglesias.

Reprocha el magistrado a Vox que en su recurso no concrete indicios tangibles en los que basar su petición y concluye que “únicamente se sustenta en sospechas". A continuación explica que "ante la ausencia de un acervo indiciario suficiente" confirma su decisión de concluir la investigación judicial sobre el caso una vez concluya las últimas diligencias entre las que destacan la declaración del comisario Pino al que se cita para intentar comprobar si existió una investigación policial irregular sobre Iglesias.