De acuerdo con la versión de lo sucedido en la vista facilitada por el abogado de la Acusación Particular, Iñigo Iruín, y de la Acción Popular Nines Alvarez, el fiscal basó la totalidad de su intervención en pedir la confirmación de los procesamientos, y sólo se refirió a la libertad provisional de los procesados de manera indirecta.

Según Iruín, Rubira comenzó solicitando que se confirmase la prisión de los acusados y a continuación dijo a la Sala que si ésta decidía la libertad provisional impusiese una fianza, que no cuantificó.

Esta misma versión es la facilitada por el abogado de los procesados, Jorge Argote, según el cual Rubira idió que sus defendidos sigan en prisión y que su situación no varíe.

Los recursos contra los autos de prisión que fueron estudiados hoy son los de Galindo, los de los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Jesús Bayo Leal, y del teniente de este mismo cuerpo Pedro Gómez Nieto. Todos los anteriores están actualmente en la cárcel por haber presuntamente secuestrado, torturado y asesinado a los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

La decisión de la Sala sobre los recursos presetados será tomada por los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en los próximos días.

Según la versión de las acusaciones, Rubira no apeló en ningún momento al artículo 25 del Estatuto de la carrera fiscal, que obliga a los fiscales a acatar las órdenes de sus superiores, pero se les permite dar su opinión particular sobre un asunto. Tampoco hizo mención a que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional le hubiese ordenado que se pidiese la libertad para Galindoy sus subordinados.

SUSPENSION

Por otra parte, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal desestimó la suspensión de la vista, para que los recursos contra el auto de prisión fuesen estudiados a la vez que los recursos contra el auto de procesamiento.

La suspensión fue solicitada por las Acusación Popular y la Acción Popular. El fiscal Rubira no solicitó la suspensión, pero se mostró partidario de acumular todos los recursos al existir un nexo común entre los autos de prisión y procesamiento.

Rubira explicó que los autos de prisión y procesamiento tienen una relación y deben de ser analizados conjuntamente y añadió que existe el precedente del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, cuya vista para ver los recursos contra el auto de prisión fue suspendida para acumular estos recursos a los del auto de procesamiento.

Por su parte, la Sala argumentó para negar la suspensión de la vista que al tener noticia a través de los medios de comunicación de que podía plantearse esta cestión por los motivos apuntados, había estudiado el caso y decidido que no cabía suspender la vista una vez que estaba señalada, según el artículo 330 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

DESTRUCCION DE PRUEBAS

Sobre los argumentos esgrimidos por las distintas partes sobre la conveniencia o no de la libertad provisional, el letrado José María Fuster Fabra, que acudió junto a Argote en representación de la defensa, explicó al término de la vista que, en su opinión, Galindo y los otros procesados deen salir en libertad porque existen razones para ello.

Entre estas razones, Fuster citó que "no hay peligro de fuga, no hay peligro de que se obstruya la labor de la justicia y el concepto de la alarma social, en el sentido de que estas señores vuelvan a delinquir no hay ningún elemento objetivo que lo sustente". Fuster también se refirió a los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional a favor de limitar la prisión provisional.

Por su parte, la abogada Nines Alvarez de la Acusación Ppular argumentó que subsisten en estos momentos las razones que llevaron a que el juez del caso, Javier Gómez de Liaño, decretase la prisión de Galindo y los otros acusados. Alvarez dijo ser partidaria de la acumulación de los recursos de la defensa contra los autos de prisión y procesamiento.