GAL.GARZON BASA SU IMPUTACION A LOS GENERALES EN LAS DECLARACIONS DE ROLDAN, PEROTE Y OTROS TESTIGOS DEL 'CASO OÑAEDERRA'
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Las recientes declaraciones del ex responsable de la Guardia Civil Luis Roldán así como del coronel Juan Alberto Perote y otras personas que testificaron acogiéndose a la ley de protección de testigos dentro del sumario por el 'caso Oñaederra' son la base de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para imputar en dicha causa al general nrique Rodríguez Galindo y a los tenientes generales José Antonio Sáenz de Santamaría y Andrés Casinello.
Así se desprende del auto dictado por el magistrado acordando la imputación de los tres generales, que recoge el dictamen emitido por el fiscal del caso el pasado 3 de mayo apoyando dicha decisión.
En él, el representante del ministerio público señala que "de la instrucción sumarial practicada hasta el momento existen indicios de participación" de Rodríguez Galindo, Casinello y Sáenz de Santaaría "en las actividades ilegales relacionadas con los grupos GAL".
Según el fiscal, esto se deduce de las declaraciones de los imputados en el procedimiento Perote y Roldán como "de otros testigos que se han acogido a la ley de protección de testigos".
Por ello, en su opinión, es conveniente que se les tenga como imputadas a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa, personarse en las actuaciones por medio de representante y abogado de su elección "en orden a ejercer su derecho constitucioal de defensa tanto privado como público; a obtener la tutela judicial efectiva de gracia y de tribunales y por tanto a tener acceso a la justicia y a hacerse oir por ésta".
En su resolución, de fecha del pasado día 7, el magistrado acuerda que tal como solicita al fiscal y teniendo en cuenta el estado en que se mantiene la causa, que actualmente se encuentra secreta, "es procedente a la luz de los datos que se van obteniendo y de las declaraciones de varios testigos y coimputados, otorgar la calidad e imputados para garantizar al máximo sus derechos".
El juez Garzón indica que su decisión de considerar imputados a los generales, "facilita la posibilidad de personarse a los precitados y ejercitar cuantos derechos concede dicha situación, perviniendo de esa forma de situaciones de indefensión".
Anuncia que adoptará esta misma decisión "con las demás personas de las que recientemente han aparecido indicios de participación y previo informe del ministerio fiscal", al que solicitó que dictamine s también imputa en el procedimiento al ex ministro del Interior José Luis Corcuera, al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y al abogado de Interior Jorge Argote tras las declaraciones de Roldán.
El magistrado precisa en su auto que el sumario por el 'caso Oñaederra' se sigue para averiguar determinados hechos y delitos "cuya ejecución se enmarca presuntamente en la órbita de actuación de determinadas autoridades y funcionarios dentro del Ministerio del Interior, Guardia Civil, CESIDpersonas particulares integradas en la organización terrorista GAL o en colaboración con la misma en lo que se puede denominar 'guerra sucia contra ETA' a partir de 1983".
Indica que, en concreto, los hechos investigados son el asesinato de Ramón Oñaederra, ocurrido en Bayona (Francia) el 19 de diciembre de 1983; el asesinato de Angel Gurmindo y Vicente Perurena, cometidos en Hendaya (Francia) el 8 de febrero de 1984 y el asesinato de Christian Olazcoaga y el asesinato frustrado de su hermano Claude,perpetrado en Biriatou el 18 de diciembre de 1984, sobre lo que está pendiente de recibir una documentación de la justicia francesa.
Añade que, asímismo, también investiga dentro de esta causa las "actividades conexas con las anteriores y que integran presunta colaboración con banda armada, encubrimiento y otros hechos que han aparecido posteriormente, tales como presuntos delitos de malversación de caudales públicos, proposición para el asesinato, tentativa de asesinato y depósito de armas y tenenciade explosivos, entre otros".
El juez Garzón notificó hoy personalmente al general Rodríguez Galindo dicha resolución, que también deberá comunicar a los dos tenientes generales, quienes, sin embargo, pueden recibirla a través de su procurador por lo que no es necesario que se desplacen a la Audiencia Nacional.
(SERVIMEDIA)
09 Mayo 1996
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