Según la sentencia, hecha pública hoy, los dos máximos cargos del Ministerio del Interior, en la fecha en la que se produjeron los hechos, dieron primero su autorzación para una operación en Francia donde se pretendía capturar al etarra Mikel Lujua. Después, dieron también su autorización para que, una vez constatado el error de haber confundido el objetivo con el ciudadano francés Segundo Marey, retenerle "porque así podrían presionar a las Autoridades francesas", que en ese momento retenían a cuatro policías españoles.

Por estos hechos, el Alto Tribunal decide imponer a ambos ex altos cargos una pena de 10 años de prisión, condenándoles por un delito de deteción ilegal o secuestro, en concurso medial (es necesario el dinero para llegar a la detención), con otro delito de malversación de fondos públicos.

El Supremo reconoce que en 1983 ETA tenía una gran actividad terrorista, lo que "constituía un problema político y social de primer orden". Por ello, asegura que "en diversos sectores sociales fue prosperando la idea de que para vencer en la lucha antiterrorista era necesario intervenir en territorio francés".

La sentencia apunta que esta situación hzo que "incluso el CESID (...)" interviniera, con la confección de dos notas que, bajo los epígrafes "Acciones en Francia" y "Asunto: sur de Francia", se examinaba los pros y los contras de la intervención en el sur del país vecino. Incluso, el primer documento finalizada con la frase: "En cualquier circunstancia se considera que la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro".

El hecho desencadenante de la acción en Francia fue el secuestro por parte de ETA del capitán de Farmaci Martín Barrios, lo que aceleró el convencimiento de la necesidad de intervenir en Francia.

Desde Vicaya, el comisario José Amedo, el gobernador civil Julián Sancristóbal y los altos jefes de la policía Francisco Alvarez y Miguel Planchuelo propusieron capturar un etarra (Larretxea Goñi), para sacarle información. La operación falló y fueron detenidos cuatro policias españoles.

Unos días más tarde, los mismos protagonistas planean una nueva actuación, esta vez para detener a Mikel Lujua. Obtienenla autorización de Barrionuevo y Vera, y se lleva a cabo la operación, que nuevamente es fallida y se captura al ciudadano francés Segundo Marey.

Una vez capturado Marey por los mercenarios franceses Talbi y Echalier, y pasado a España a través de la frontera, en conversaciones con el Ministerio del Interior, se conoce que se ha errado el objetivo, pero se decide continuar con el plan, trasladando al secuestrado a la cabaña de Colindres, donde permanece nueve días, hasta que el día 13 de diciembre "Sacristóbal, Vera y Barrionuevo deciden poner en libertad al secuestrado".

SIN DUDAS SOBRE LA VERDAD

La sentencia apunta que los hechos anteriores han quedado probados por tres pilares fundamentales: las declaraciones realizadas durante el juicio, la desclasificación de tres documentos del CESID y las pruebas periciales de carácter médico, económico, contable y caligráfico.

Así, la sentencia valora las declaraciones vertidas durante el juicio oral "particularmente por las manifestaciones de diez e los acusados (todos salvo Barrionuevo y Vera)", completadas por la de algunos testigos, especialmente Segundo Marey.

"Esta sala no tiene duda alguna de que la verdad de lo ocurrido se corresponde con las últimas declaraciones de Sancristóbal, Damborenea, Alvarez y Planchuelo", insiste el Supremo.

Además, asegura que el contenido de estas declaraciones se ha visto "robustecido" por el resultado de los careos entre Barrionuevo, Vera y Sancristóbal.

Finalmente, el Supremo concede gran importacia al comunicado difundido el 6 de diciembre desde la Cruz Roja de San Sebastián en el que se pedía la libertad de los policías españoles detenidos en Francia para dejar libre a Marey, lo que apoya el delito de secuestro.

"Barrionuevo, Vera, Sancristóbal, García Damborenea, Alvarez, Planchuelo y Amedo, que estuvieron entre sí en contacto durante todo el tiempo que duró el secuestro, no sólo tuvieron conocimiento de la existencia (del citado comunicado), sino también de que tal comunicado fue acordadopor todos y dado por alguno de ellos", puntualiza la sentencia.