De acuerdo con estas fuentes, la falta de cobro se debe a que Justicia todavía no ha determinado a qué ministerio corresponde efectuar los pagos, lo que está siendo analizado por una comisión de expertos de dicho ministerio.

Otro prolema, siempre según estas fuentes, es que el juez solicitó una ayuda mensual y la Ley de Protección de Testigos sólo contempla el abono de una cantidad destinada a sufragar gastos concretos, como el cambio de domicilio por razones de seguridad, pero no el pago de un salario fijo.

El pasado mes de agosto, el juez Gómez de Liaño dirigió un auto a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal del Gante, en la que le pedía que asignase a Pedro Luis Miguéliz "Txofo" y a José María Velázquez Soriano, testigosprotegidos del 'caso Lasa y Zabala', una ayuda mensual de 350.000 pesetas.

Además, pidió que el departamento facilitase al testigo protegido 1964-S la cantidad de 400.000 pesetas para "abono de los gastos que pudiera originarle el traslado de domicilio" que el juez consideró necesario para su protección, lo que sí fue aceptado por Justicia.

El magistrado instó, asímismo, al ministerio del Interior a que intensificase las medidas de vigilancia y de protección para todos ellos, facilitándoles nueva identidades.

Gómez de Liaño reiteró sus peticiones el pasado mes de noviembre, después de que el testigo protegido 1964-S fuese apaleado, torturado y violado tras se secuestrado en San Fernando (Cádiz) por varios desconocidos, que le acusaron de "hablar demasiado".

Ayer, Velázquez Soriano comunicó al juez Gómez de Liaño su intención de no seguir continuando colaborando con la justicia alegando que no se han cumplido las medidas de protección y económicas solicitadas.