Torres reconoció, en delcaraciones a Servimedia, que son necesarios "algunos retoques" en dicha ley, porque su aplicación "no producía satisfacción entre las víctimas".

De este modo, afirmó que la reforma planteada, por la que se permitiría enviar a prisión a aquellos menores internos una vez que cumplan 18 años, es una realidad "que ya se demandaba desde los sectores sociales y judiciales".

Frente a los sectores que se oponen a estos posibles cambios de la ley, Torres explicó que la reforma "sólo hace referencia a casos extremos bajo una autorización judicial" y, por lo tanto, no será utilizada en todos los casos.

Alertó también de que la presencia de estos jóvenes conflictivos "puede ser perjudicial", no sólo para su situación personal, sino también "para los compañeros internos con los que conviven", ya que "pueden alterar el comportamiento de los mismos".