Ambas asociaciones, a través de un comunicado, expresan su "profunda preocupación" por la reforma del texto estatutario que, a su entender, "vulnera el artículo 122.1 de la Constitución".

Para los firmantes del comunicado, obligar a conocer el catalán como "mérito determinante" otorga un carácter de "prioridad absoluta a dicho mérito" por encima de otras capacidades "más esenciales y más vinculadas a la formación jurídica", como el saber "administrar recta e imparcialmente justicia".

La Francisco de Vitoria y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales reconocen "la conveniencia de fomentar el uso del catalán en la Administración de Justicia de Cataluña", pero discrepan frotalmente con la forma en la que se está haciendo.

Alertan de la intención, por parte de los partidos políticos impulsores del Estatut, de "blindar el establecimiento del deber de conocimiento de la lengua cooficial", lo que para ellos tendrá "una trascendencia evidente para la obtención de destinos en una comunidad autónoma" con lengua propia.

Para la Francisco de Vitoria y los Secretarios Progresistas, el nuevo texto "afecta negativamente a la configuración del Poder Judicial" rompiendo su carácter unitario.