El Observatorio de Derecho Público ha ultimado el contenido del XXXII Informe de las comunidades autónomas en el marco del XI Foro de las Autonomías celebrado este jueves en el Senado con la participación de representantes de la mayoría de las comunidades autónomas y expertos académicos en la materia, e Inaugurado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Del Informe -que constituye la más perfecta foto fija del estado de las autonomías-, se concluye la necesidad de un espíritu de consenso entre el Gobierno nacional y los regionales para la ejecución de los fondos NextGenerationUE con los que la Unión Europea pretende hacer frente a las repercusiones económicas de la pandemia por covid-19 iniciada en 2020.

La gestión de los fondos europeos ha concentrado en 2021 la acción de los Gobiernos y parlamentos autonómicos, de los que se requiere fuertes dosis de cooperación y consenso dado que este programa de resiliencia y recuperación económica conllevará procedimientos y tiempos de ejecución que no estarán exentos de conflicto, advirtieron este jueves los académicos y políticos presentes en el encuentro.

El Foro, que se celebra cada edición con el apoyo del Senado, la Fundación Manuel Giménez Abad y la mayor parte de comunidades autónomas, supone el último encuentro previo a la publicación del Informe de las comunidades autónomas, documento que supera las tres décadas de vida, “lo que da fe de su utilidad para el mundo académico, el político y toda la sociedad”, reconoció el ministro de la Presidencia, que a su vez requirió a las autonomías habilitar las reformas necesarias para agilizar los fondos.

En este sentido, el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido el fuerte ritmo de crecimiento de la economía española que los fondos promoverán en los próximos tres años. “Su eficiencia sería mayor si desaparecieran dos serios problemas coyunturales como son la crisis energética y el encarecimiento de las materias primas y los problemas de abastecimiento para las empresas derivados de la guerra en Ucrania, pero puede que no se solucionen con prontitud”, alentó David Moya, director del Observatorio de Derecho Público. “Es de esperar que, pese a estar suspendida la regla de contención de la desviación presupuestaria del 3% del PIB por la crisis del coronavirus, España vaya rebajando su elevada deuda pública a partir de 2024”, agregó.

El reparto de los primeros 11.246 millones de euros recibidos en el primer desembolso europeo produjo acusaciones de discriminaciones por parte de la oposición del PP sobre la regularidad del reparto durante las elecciones de Castilla y León. “En general, se ha discutido la necesidad de que el Gobierno ofrezca más transparencia y una mejor comunicación y explicaciones sobre los criterios, los programas y la forma de la participación de las autonomías”, explicó en su turno el director del Informe, Javier García Roca.

Pese a estas denuncias y reproches, tanto la Comisión como el Gobierno de la nación han organizado mecanismos de fiscalización y un procedimiento de control 'operational arrangement' o acuerdo de aplicación, y ha habido casi sesenta reuniones sectoriales con las regiones, como subrayó el ministro de la Presidencia. Entre las seis comunidades más beneficiadas por los Fondos están cuatro gobernadas por el PP: Andalucía, Madrid, Castilla y León y Galicia, como detalló José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y autor del capítulo monográfico sobre la ejecución de los fondos NextGeneration, quien en su contribución concluye que ha habido “una tendencia centrípeta”.

2021 ha sido el año del regreso a la actividad ordinaria de las comunidades autónomas, cuando éstas han comenzado a recuperarse y a ocuparse de asuntos distintos a una pandemia, de la que el Estado autonómico, como ya se constató en la anterior edición del Foro de las autonomías, sale reforzado.

En cuanto a la necesitada reforma del sistema de financiación autonómica, que pese a parecer agotado ha sobrevivido a dos crisis, falta unanimidad en los posibles criterios o indicadores (población ajustada o flotante, envejecimiento, dispersión de la población y despoblación, desempleo y pobreza…) por intereses contrapuestos de las distintas comunidades.

El pasado año, la actividad jurisdiccional resultó parecida a la del año anterior. El año pasado, fueron 17 las sentencias de contenido competencial, frente a 45 sentencias en 2019. De ellas, diez son recursos de inconstitucionalidad contra normas con rango de ley: los llamados “conflictos de competencia legislativa”.

En la presente Legislatura se han iniciado 102 procedimientos, 94 a instancias del Estado y ocho por las comunidades autónomas. En más de la mitad de los casos (62) se han alcanzado acuerdos totales o parciales. Parece que la litigiosidad se reduce. Destaca un número notable de comunidades sin conflictos (como Castilla la Mancha) y de conflictividad moderada (por ejemplo, Castilla y León). También son frecuentes las autonomías que logran reducir la conflictividad mediante acuerdos adoptados en la correspondiente comisión bilateral (Comunidad Valenciana). Una tendencia positiva derivada del acertado funcionamiento de estas comisiones que ya hemos subrayado y estudiado en Informes previos y sigue consolidándose.

En 2021, como punto de inflexión, baja el apoyo a la independencia de Cataluña, pero se mantiene la demanda de una convocatoria de referéndum legal. Una encuesta realizada entre noviembre y diciembre de 2021 por el Centre d’Estudis de Opinió de la Generalitat de Cataluña, la llamada encuesta Omnibus, sitúa el apoyo a la independencia en un 38%. Otros barómetros, sin embargo, ofrecen resultados más elevados. En todo caso, la posición favorable a la independencia continúa cayendo según se aleja en el tiempo la declaración unilateral de 2017.

Los resultados de las diversas encuestas difieren pero coinciden en el rechazo a la independencia por la mayoría. La otra cara de la moneda es que, según la misma encuesta, un 72% de los encuestados apoya la convocatoria de un referéndum. Como señala el profesor Joaquín Tornos en el capítulo dedicado a Cataluña en el Informe, los indultos redujeron la alta tensión política bajo el Gobierno del presidente Torra. La medida -muy discutida por la oposición del PP- rebajó claramente la intensidad del conflicto, aunque se mantiene la interminable judicialización de numerosos asuntos.

Como consecuencia, la Generalitat ha vuelto a participar en conferencias sectoriales y, en particular, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, muy operativo durante la pandemia; ha funcionado la comisión bilateral prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para solventar mediante acuerdos extrajudiciales los conflictos competenciales; y ERC apoyó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, bien es verdad que con dificultades en la negociación. Todo ello supone un cambio frente a la situación de 2020.

En cuanto a la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en febrero pasado, el Foro aprecia problemas de interferencias con las competencias de las comunidades sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (art. 148.1.3 CE), como advirtió el Consejo General del Poder Judicial en su informe.