Su sucesora, la fiscal Mª Ángeles Sánchez Conde, ha tomado ya las riendas de su cargo recién estrenado y está al tanto de la situación en la que se encuentra el informe. Fuentes jurídicas aseguran que el texto está aún en fase de estudio y redacción.

El archivo de estas causas es una opción sólida después de que el fiscal suizo Yves Bertossa diera por cerrada su investigación sobre los 100 millones de dólares (65 millones de euros) pagados por Arabia Saudí al rey Juan Carlos I. En esa causa, se investigaba a cuatro personas por blanqueo de capitales: el administrador del emérito en Ginebra, su abogado suizo, su examante Corinna Larsen, y el banco Mirabaud. Todos quedaron exonerados y el banco tendrá que pagar un multa por no haber comunicado a la Oficina contra el Blanqueo una transacción relacionada con Corinna.

La Fiscalía suiza investigó estos asuntos durante tres años. En ese tiempo nunca llegó a imputar al rey Juan Carlos, pero sí estudió la donación de 65 millones de euros a Larsen procedentes de una entrega que le hizo el rey de Arabia Saudí de la que se sospechaba que fue el pago de una comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas.

La investigación se abrió a raíz de las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo a Corinna Larsen que admitió haber sido testaferro de Juan Carlos I, de quien recibió 100 millones de dólares en 2008 en una cuenta del banco Mirabaud de Ginebra a través de la fundación Lucum, gracias a un traspaso del Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí. El procedimiento también reveló otros pagos recibidos por la fundación y por Corinna Laresen, como 1,8 millones de dólares en efectivo, otros cinco millones de Kuwait y dos millones de Bahrein.

De la investigación se desprende que en junio de 2012 se cerró la cuenta de la fundación Lucum y se traspasó su saldo, aproximadamente 65 millones de euros, a la cuenta en las Bahamas de una sociedad domiciliaria propiedad de Corinna Larsen.

El fiscal Bertossa concluyó que hubo “deseo de encubrimiento” y que los implicados no pudieron justificar la procedencia de ese dinero. Pese a los indicios, la Fiscalía no pudo establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y la celebración de los contratos para la construcción del tren de alta velocidad, por lo que decidió, finalmente, archivar la causa de manera parcial.

Tras hacerse públicas las grabaciones de Larsen y Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta organización criminal de este último abrió unas diligencias por el presunto amaño en la adjudicación del AVE a La Meca, aunque también quedaron archivadas.

A raíz de este archivo, la Fiscalía Anticorrupción inició su propia investigación, en diciembre de 2018. El asunto acabó en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que durante este tiempo ha acumulado otras dos diligencias respecto del rey emérito.

El Ministerio Público decidió el pasado mes de diciembre prorrogar la investigación otros seis meses, hasta junio, para dar tiempo a recibir respuesta a las comisiones rogatorias libradas a las autoridades suizas sobre los ejercicios fiscales de 2014 y 2015, una vez sustanciada su abdicación, para decidir sobre la presentación de una querella o el archivo.

Además de las diligencias abiertas sobre la adjudicación del AVE a La Meca, don Juan Carlos está pendiente de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto uso de tarjetas opacas por él mismo y por miembros de su familia con cargo a cuentas que nutría un empresario amigo del monarca, y de la existencia de cuentas en el paraíso fiscal de Jersey.