El acusado, según consta en el escrito de la Fiscalía, ofreció a su suegra en 2016 y, “actuando como abogado del Colegio de Abogados de Madrid”, asesorarla y mediar profesionalmente en un conflicto laboral que tenía con la empresa para la que trabajaba.

Así, V. V. P. “guiado por el ánimo de lucro” y aprovechándose de que la mujer confiaba en él “por ser pareja de su hija y padre de sus nietos”, así como por su profesión de abogado, recibió de ella un total de 800 euros que le fueron entregados en metálico y en mano bajo la excusa de que era la provisión de fondos precisa para poder llegar a un acuerdo con la empresa.

El acusado, sin embargo, nunca llegó a llevar a cabo actuación profesional alguna contra la empresa en defensa de los intereses de la mujer. Pese a ello, en enero de 2017 le entregó una sentencia de fecha 17 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid en el seno del procedimiento de Extinción de Contrato y Cantidad número 846/2016 por la que se estimaba la demanda formulada y se condenaba a la empresa a pagarle unas cantidades en concepto de indemnización por despido y por salarios debidos.

La Fiscalía, no obstante, subraya que dicha sentencia fue confeccionada por el propio acusado “o por otra persona a su ruego”, ya que era “íntegramente falsa” puesto que ni en dicho órgano judicial ni ningún otro existía procedimiento alguno referido al conflicto que la mujer tenía con su empresa empleadora. El juicio comenzara el próximo jueves, día 28, en la Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid.