En el escrito remitido al juez García-Castellón, la fiscal María Dolores Márquez considera que Azurmendi intervino en la realizción del atentado "al menos con actos de vigilancia e información", por lo que considera que debe ser procesado como responsable por ser cooperador necesario de los delitos de asesinato consumado, asesinatos frustrados y estragos.

Afirma que, por ello, el magistrado debe decretar prisión provisional contra el etarra, para lo que deberá dictar orden de busca y captura y, en su caso, declarar en rebeldía a Azurmendi, quien se encuentra huído.

La fiscal basa sus acusaciones en las huellas halladas e un vehículo que fue abandonado en agosto de 1994 a unos ochenta metros del domicilio de Aznar y que, tras el examen pertinente, se descubrió que pertenecían a Azurmendi.

Los ocupantes de dicho vehículo, un hombre y una mujer, habían amenazado previamente con las pistolas que portaban a una pareja de la Policía Municipal, a los que arrebataron sus armas reglamentarias después de que éstos les dieran el alto por haber hecho un giro prohibido en las proximidades de la vivienda de Aznar.

El coche, u "Wolksvagen Polo" cuya sustracción había sido denunciada, apareció abandonado y con matrícula falsa poco después entre las calles Silvano y Estrecho de Mesena y en él la policía halló once huellas, de las que cuatro correspondían al dedo índice de la mano derecha de Azurmendi.

En el atentado contra Aznar, perpetrado mediante un coche-bomba que explosionó al paso del vehículo en el que viajaba el presidente del PP, murió una mujer de 73 años, Margarita González Mansilla, al desplomarse sobre ella su vvienda, situada en la calle Arturo Soria, como consecuencia de la deflagración. Asímismo, resultaron heridas de diversa consideración una docena de personas.

Por otra parte, la fiscal reitera en el escrito remitido al juez García-Castellón su petición de que el magistrado practique una serie de diligencias relacionadas con la investigación de este atentado que ya le solicitó el pasado 17 de mayo.

Fuentes judiciales precisaron, por otra parte, que el juez García-Castellón todavía no ha resuelto elrecurso presentado por la fiscal contra la negativa del magistrado a citar a declarar al director general de la Policía, Angel Olivares, como máximo responsable del dispositivo de seguridad de Aznar, y que le había pedido la representante del ministerio público.