La víctima de la presunta violación protagonizada por Dani Alves ya ha anunciado que se querellará contra la madre del jugador por estos hechos con los que se pretende desacreditar a la víctima, contraviniendo la prohibición expresa que realizó la instructora del caso.

La abogada de la mujer, Ester García, ha emitido un comunicado en el que anuncia que instará "acciones judiciales contra todas aquellas personas o medios que difundan las imágenes de su clienta o faciliten cualquier información, directa o indirecta, que permita su identificación”.

“Es lamentable que, a fecha de hoy, se siga intentando destruir a las personas que se atreven a denunciar”, asegura la letrada, que ya prepara la correspondiente querella contra la madre de Alves, que se sentará en el banquillo el próximo 5 de febrero. La difusión de vídeos y datos personales de la presunta víctima vulneran no solo lo ordenado por el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, sino también el estatuto de la víctima.

Lucía, la madre de Alves, difundió hace el pasado día 31, coincidiendo con el aniversario de los hechos, datos sobre la identidad de la joven de 23 años que denunció la agresión sexual y vídeos de ella a través de redes sociales. El vídeo contiene imágenes editadas en las que aparece con amigos. Además, acusa a la víctima de haber urdido un plan para “sacar dinero” a su hijo.

NUEVE AÑOS

En el juicio que arrancará dentro de un mes, la Fiscalía solicita nueve años de prisión para el jugador brasileño y la acusación particular pide 12 años. Alves permanece en prisión provisional por el elevado riesgo de fuga desde enero pasado, tras haber dado cuatro versiones diferentes sobre los hechos durante la investigación.

En un principio dijo no conocer a la joven, después sostuvo que no mantuvieron relaciones sexuales, para finalmente reconocer que hubo sexo entre ellos pero que fue consentido. La instructora consideró que los indicios en su contra eran de entidad suficiente como para enviarlo a prisión. Además de la declaración coherente de la víctima, los testimonios de distintos testigos, las imágenes de las cámaras del local y las pruebas de ADN recogidas en el lavabo de la discoteca ponen en entredicho la versión de Alves.

La divulgación del vídeo podría acabar en los tribunales como un delito de revelación de secretos, y en todo caso supone un ejemplo de revictimización de la mujer que significa un escarnio público que busca desacreditar a la denunciante haciendo ver que su estilo de vida no permite aventurar que hubo una agresión y desanimar a otras posibles víctimas de denunciar.

No hay que descartar que estos hechos acaben en una condena. Los tribunales ya han castigado casos similares en España. El más conocido fue el del militar que desvedó datos personales de la víctima de ‘La Manada’ que acabó aceptando una condena que le supuso el pago de 20.000 euros de indemnización. Además, la justicia condenó como responsable civil subsidiario al portal Roroparalelo por su pasividad a la hora de borrar los datos difundidos.