El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunió ayer martes, día en el que entró en vigor la norma tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con los fiscales del ‘procés’ a los que pidió un informe jurídico sobre la aplicación de la ley que no contuviera consideraciones políticas.

El informe de nueve páginas sostiene la misma tesis que los fiscales expresaron el pasado 30 de mayo a García Ortiz, que mantuvo la pasada semana un encuentro con ellos con el fin de unificar el criterio sobre la interpretación de la Ley de Amnistía.

Los cuatro fiscales del 'procés' entienden que hubo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE, por lo que el delito de malversación no seria amnistiable según la redacción de la Ley, puesto que Puigdemont y otros seis dirigentes independentistas dedicaron fondos públicos a financiar el ‘procés’, lo que su puso un beneficio patrimonial para ellos. En cambio, entienden que los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos sí podrían ser aplicables.

El choque está sobre la mesa y puede desembocar en la convocatoria de una Junta de Fiscales en el Tribunal Supremo para votar sobre el criterio que debe mantener el Ministerio Público en las causas que están abiertas en el alto tribunal. García Ortiz no está obligado a asumir el criterio de la Junta de Fiscales y tiene la última palabra, pero el enfrentamiento supondrá un nuevo episodio de desgaste para la institución.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el juez instructor del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, ha dado cinco días al Ministerio Público y al resto de las partes para que informen sobre la aplicabilidad de la norma a los hechos que se investigan en el TS.

Llarena quiere saber si consideran que el delito de malversación que se le atribuye a Puigdemont está fuera de lo supuestos de la Ley y también espera que se pronuncien sobre la suspensión o no de las medidas cautelares sobre los líderes independentistas.