La petición ya fue analizada en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal el pasado 3 de enero y resultó rechazada, acordando el juez la libertad provisional, sin fianza, del reclamado a condición de que fijara un domicilio en España y que estuviera a disposición de los tribunales.

Es el Tribunal Cantonal de Monstar el que reclama a Alagic por un delito de crimen de guerra contra la población civil, según el Código Penal allí vigente. Los hechos que se le atribuyen sucedieron en octubre de 1993, cuando Alagic era guardián del campo de concentración de Gabela y miembro de la Brigada ‘Knez Domagoj’.

Según describe el escrito del fiscal, participó en "tratos inhumanos" e infligió "sufrimiento y daños corporales" un civil que estaba recluido. Alagic y otros dos guardianes hicieron salir de su reclusión a la víctima a la que obligaron a desnudarse en busca de dinero. El reclamado le golpeó en la cabeza con su pistola y le dio un puñetazo que le rompió varios dientes. Entre los tres guardianes le dieron una paliza con puñetazos, patada y golpes en la cabeza con una barra “durante varios minutos”.

Con la víctima semiinconsciente, decidieron llevarlo a un bosque cercano para deshacerse de él. El recluso logró escapar, esconderse en el bosque y llegó a la sede del batallón español de Unprofor en Meurgorje. En ese momento se derrumbó inconsciente y tuvo que ser tratado para recuperarse, presentando diversas secuelas en la actualidad.

La Fiscalía explica que en la legislación española, los hechos corresponderían a un delito contra las personas protegidas en caso de conflicto armado y a un homicidio en grado de tentativa, que no se incluyó en el Código Penal español hasta 1995, es decir, dos años después de que sucedieran los hechos. Además, esgrime el ministerio público, los hechos sucedieron hace más de dos décadas y por lo tanto habrían prescrito, por lo que se opone a la entrega.

Alagic fue detenido en Barcelona el pasado 15 de septiembre mientras estaba ingresado en la clínica Plató de esa ciudad para tratarse de una enfermedad. En el momento del arresto portaba documentación falsa y no iba armado. Se estima que llevaba en España desde agosto de 2021, mientras que las autoridades bosnias emitieron una orden de detención internacional el 21 de febrero de 2022.

El pasado 12 de diciembre, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional lo envió a prisión provisional, hasta que en enero se decretó su libertad. Su abogado se opone a la extradición porque, entre otras cosas, está aquejado de una enfermedad grave.