Por estos hechos fueron también procesados Abdelaziz Belhaj y Nafi El Mostafa, que se encargaban de contactar con ciudadanos magrebíes a los que cobraban entre 15.000 y 20.000 pesetas por cada certificado expedido.

Según el fiscal, los procesados forman parte de una amplia red de falsificadores extendida también a otros puntos de España, aunque reconoció en el mismo juicio que la falta de pruebas ha impedido sentar a ms personas en el banquillo.

De acuerdo con las pruebas existentes, Abdelziz Belhaj facilitaba la documentación del interesado al secretario, que extendía un certificado haciendo constar que el emigrante residía en Becerril desde 1985.

Belhaj actuaba en conexión con El Mostafa, al que ofrecía una comisión de 2.000 pesetas por cada permiso que obtuviera a cambio de que le pusiera en contacto con los emigrantes que vivían junto a él en una pensión de la calle Atocha de Madrid.

El Mostafa fue deenido en febrero de 1991 cuando entregaba uno de los certificados falsos. Sin embargo, las investigaciones no fueron mucho más allá y el ministerio público no ha podido llegar a demostrar su teoría, que apunta a la existencia de una red que partía de Nules (Castellón), desde donde se enviaba a Madrid a los emigrantes.

Victoriano reconoció que facilitó las certificaciones porque así se lo pidieron algunos musulmanes residentes en la localidad de la sierra madrileña desde hace años, personas que eran desu absoluta confianza por lo que no se molestó en comprobar si los datos eran ciertos.

"Habrá sido un error, me habrán engañado, pero yo no he falsificado certificados de residencia a conciencia", declaró ante el tribunal.

Su abogado defensor insistió en destacar que no existía una conexión entre Victoriano y los otros dos acusados y subrayó que, por el momento sólo se ha podido demostrar la falsedad de tres certificados.

El fiscal estimó que, pese a todo, existió un intención de falsear la ealidad en el procesado, a quien dijo no poder acusar de cohecho por falta de datos suficientes.

Por su parte, los dos procesados marroquíes no quisieron someterse al interrogatorio y, ante la falta de pruebas, el fiscal se vio obligado a rebajar su petición inicial de un año y seis meses de cárcel a 3 meses de reclusión con la conformidad de los abogados defensores, que sin embargo reclamaron la absolución en el caso de que el secretario sea considerado inocente.