Según las conclusiones provisionales del ministerio público hechas públicas hoy, el único responsable de las operaciones fue Peiró, que en su día tuvo que pagar una fianza de 50 millones de pesetas pra gozar de libertad condicional, mientras que insta a la policía judicial a que continúe investigando la identidad del intermediario que suscribió pagarés con una clave.

Los hechos se remontan a mayo de 1990 cuando el BEF convino con la diputación de Vizcaya en emitirlos dneominados "pagarés forales" a través de su entidad bancaria, que quedó obligada a presentar cada 15 días larelación de los depósitos obtenidos.

De acuerdo con las acusaciones del fiscal, a partir de noviembre de ese mismo año eiró, "que había concebido la idea de desviar en beneficio propio parte de los fondos obtenidos", ordenó a la encargada del control de los pagarés forales que creara un nuevo registro con sigla de identificación distinta, asegurándole que esta decisión había sido adoptada por el consejo de administración.

De esta forma, los ingresos procedentes de la colocación de estos pagarés no se anotaban ni en la contabilidad del BEF ni en los de la Diputación de Vizcaya y el importe fue ingresado en una cuenta crriente abierta por la entidad Almojar SA, sociedad plenamente instrumental en Eurocapital.

Según el fiscal, Peiró, sin que los supieran ni los inversionistas ni los demás consejeros del BEF, estuvo entregando a los adquirientes pagarés sin respaldo alguno, ya que la diputación no podía hacerse cargo de la devolución de unos importes "que no le habían sido entregados, de los que no había podido disponer y de cuyos intereses, devengados por depósito en una cuenta, no se había podido beneficiar".

Aemás, después de que Peiró extrajera el dinero ingresado mediante cheques al portador, tampoco fue posible devolver las cantidades depositadas por los inversores por lo que el juzgado de pirmera instancia se vio obligado a declarar la suspensión de pagos de la entidad bancaria en octubre de 1991.

En esa misma fecha, el ex presidente del BEF ocultó toda la documentaciónrelativa a parte de la contabilidad del banco, sacándola de los locales de la entidad, y que fue encontrada un mes más tarde por la polcía judicial en una consigna de la estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid.

En su escrito, el fiscal pide asimismo la responsabilidad civil subsidiaria para el BEF en el caso de que Peiró se declare insolvente a la hora de hacer frente a las indemnizaciones por los perjuicios causados, mientars que reclama que se mantenga la finaza ya prestada para eludir la prisión preventiva y se exija una nueva de 2.000 millones para asegurar el pago de las indemnizaciones.