Según explicó, esta cantidad supone un "punto de partida", conocido como "restricción inicial", que ha sido calculado con la liquidación que les hubiese correspondido en el año 1999 con las reglas del modelo vigente y será repartido entre tdas las comunidades, incluidas algunas socialistas que no firmaron el anterior pacto de financiación autónomica.

Para Montoro, el nuevo sistema es por tanto "ecuánime y equitativo", puesto que hace rasero y pone a todas las regiones en las mismas condiciones de partida. A partir de la situación inicial, el sistema repartirá el dinero en función de sus necesidades de gasto, definidas por la suma de competencias que manejan.

Para el bloque de competencias comunes, el sistema incluye tres partidas: na general, otra ligada a la renta y otra última para situaciones excepcionales.

En lo referido a la Sanidad, se tendrá en cuenta la población protegida por el Sistema Nacional de Salud, la población de más de 65 años y la insularidad. Se tendrá en cuenta también a los mayores de 65 años para las ayudas referidas a servicios sociales.

Montoro destacó la "neutralidad" del sistema en cuanto a conceder a cada comunidad una asignación absolutamente igual, calcula en función de sus necesidades objetivs.

INGRESOS PROPIOS

Las comunidades contarán con un sistema de ingresos propios basado en tres pilares: mayor capacidad normativa sobre antiguos tributos ya cedidos, cesión de nuevos tributos (33% del IRPF, 35% del IVA, 40% de los Impuestos Especiales sobre cerveza, vino, bebidas fermentadas, alcohol y derivados, hidrocarburos y labores del tabaco) y un fondo de suficiencia para necesidades puntuales de cada autonomía.

Además, se hace un aparte para el capítulo de sanidad, garantizando los recusos y manteniendo un fondo de compensación interterritorial y otro específico de cohesión y desplazados.

Montoro aseguró que el actual modelo de financiación autonómica ha sido cerrado en un momento oportuno para la economía española y confió en que, junto con la negociación del concierto vasco, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el nuevo sistema de financiación fiscal, se cree un modelo estable de reparto y cohesión interterritorial.

De hecho, para el titular de Hacienda, el nuevo modelo autnómico, pactado con las principales fuerzas parlamentarias, ofrece a todas las comunidades la garantía de que sus ciudadanos contarán con las mismas prestaciones y servicios públicos que se reciben en cualquier lugar de España.

Durante el debate parlamentario, sólo Izquierda Unida, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la Chunta Aragonesista y Esquerra Republicana de Catalunya se opusieron al modelo acordado por el Gobierno y las comunidades autonómas, al considerar que sigue siendo centralista, insufiiente e incluso discriminatorio con algunas regiones.