En su discurso de investidura, Feijóo incluyó este aspecto dentro de su “gran acuerdo” para España, que es “un Pacto de Estado por las Familias” y apuntó que “el papel de la política no es juzgar a nadie, sino defender a todas las familias españolas”.

Convocó a los agentes sociales y económicos para implantar la semana laboral flexible y un banco de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas, y puso el ejemplo, para los períodos no lectivos.

“España debe convertirse en el mejor lugar para vivir y formar una familia. De ello, depende nuestro futuro y el de todos”, por lo que “el deber de la política es dedicar más recursos y dar más facilidades para que así sea”.

Para ello, sugirió una política con una aportación extraordinaria de 6.000 millones de euros para “reforzar las ayudas a las familias numerosas, monoparentales y a las más vulnerables; para facilitar su acceso a la vivienda; y para incrementar las ayudas de conciliación”.

En este sentido, dijo que en lo que de él depende, “las escuelas infantiles de 0 a 3 años serán gratuitas”. Esta propuesta la unió al dato de que el 80% de los empleados en España afirman no tener poder de decisión sobre la organización de sus horarios laborales.

Afirmó que “las limitaciones en la autonomía horaria complican la conciliación, dificultando dedicar el tiempo que los hijos precisan, e incide en la productividad y en la salud mental”, por lo que animó a “afrontar este reto” y, “no vía real decreto como hace el gobierno”, sino de la mano del tejido económico que, aunque “es suficientemente complejo, hay vida inteligente en él para que este tema se resuelva”.

Por otra parte, animó a seguir cuidando el Estado de Bienestar con “un análisis más riguroso” que permita llegar a planteamientos que permitan dar oportunidades a las nuevas generaciones porque “les está faltando lo más importante, sus padres, su familia, y todos tenemos que contribuir a devolvérsela”.

En esta línea, Feijóo defendió que hay “otro gran asunto” relacionado con los menores y es el tiempo que éstos dedican a las redes sociales y que se ha convertido en un “problema de primera magnitud”.

Con este análisis, señaló que desde hace meses están en contactos con las tecnológicas para que se tomen “más en serio” este asunto y planteó “garantizar por ley mayores barreras en el acceso a los contenidos tecnológicos por parte de menores” porque, a su entender, es responsabilidad “de todos” proteger más a los menores.