Feijóo reunió a los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado para arrancar el año parlamentario mientras se producía la deliberación del Consejo de Ministros. Y, anticipándose a la decisión del Gobierno, que supondrá que los trabajadores que cobran el SMI tributen por primera vez, instó al Ministerio de Hacienda a “rectificar”.

“Este Gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subimos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Pues reitero mi petición ahora que se está celebrando el Consejo de Ministros, de que se reajuste el IRPF del nuevo salario mínimo y sus cantidades no tributen para que el principal ganador no sea el Gobierno y el Ministerio de Hacienda”, exigió Feijóo.

“El año pasado ya intentaron llenar las arcas del Estado a costa del incremento del salario mínimo y tuvieron que rectificar a petición del PP. Les pedimos que dejen de alargar esta agonía a los más vulnerables y vuelvan a rectificar”, ahondó. Según estima el PP, si el Gobierno no aprueba esta exención del IRPF, los trabajadores tendrán que pagar 346,19 euros en impuestos por la subida del SMI, que es de 700 euros anuales. Es decir, el 49,5% del incremento. Además, los empresarios pagarían 213 euros adicionales.

En este contexto, Feijóo avanzó que en las próximas semanas su partido presentará en el Congreso “una alternativa” a este “infierno fiscal” que cifró en 96 subidas de impuestos y cotizaciones sociales. “¿Para qué pagamos más si cada vez debemos más y el Estado no utiliza lo que pagamos para cuadrar las cuentas, sino para incrementar el déficit en el entorno de 50.000 millones? Pagamos más impuestos para tapar los agujeros de la mala gestión del Gobierno y tapar la boca del independentismo”, criticó.

Por último, denunció que 150.000 familias vulnerables tienen que devolver unos supuestos cobros indebidos de entre 3.000 y 20.000 euros del ingreso mínimo vital (IMV), y defendió que “no se puede hacer elegir a esas familias entre arruinarse o tener que ir a los tribunales para arreglar” esta “pifia” del Gobierno.