En estos términos se pronunció en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, donde fue preguntado por su posición respecto a la nueva ley del aborto, así como por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se posicionó a favor de que las jóvenes de entre 16 y 17 años aborten sin el consentimiento de sus padres, pero siempre y cuando les haya comunicado antes su decisión.

Para Feijóo, en cambio, la reforma aprobada por el PP en 2015 “era bastante razonable”. Subrayó que su partido seguirá adelante con su recurso de inconstitucionalidad contra el último texto aprobado por el Ejecutivo y sostuvo que la actual ley “no tiene encaje” en la Constitución porque no entiende que una joven de 16 años pueda abortar sin autorización paternal cuando no puede ni viajar sin el visto de bueno de sus padres.

“No nos parece en ningún caso razonable que una adolescente de 16 años pueda abortar sin ni siquiera el conocimiento de sus padres ni, por supuesto, la autorización de sus padres”, aseveró el líder de la oposición.

Bajo este planteamiento, explicó que los padres no “pueden obligar jamás” a su hija menor de edad a abortar cuando ésta quiera tener el bebé, pero defendió que, cuando los papeles estén cambiados –la adolescente quiera abortar en contra del criterio de los padres–, sea un juzgado de familia a través de "una sentencia rápida" el que dictamine la decisión final.

“Es una cuestión en la que no hay una unidad porque este asunto es muy complejo”, reconoció Feijóo. “No es una discrepancia sustancial, pero sí es distinta a otros representantes del partido”, continuó.

Sea como sea, lamentó que “el Gobierno nunca” haya “intentado consensuar con el principal partido de la oposición asuntos especialmente complejos y sensibles con aspectos morales y éticos”, y prometió derogar total o parcialmente “todas” las leyes “que están recurridas ante el Tribunal Constitucional” por “coherencia”. Entre ellas, Feijóo apuntó a la Ley de Memoria Democrática, la nueva ley de educación, conocida como la Lomloe, o la ley de secretos oficiales en el caso de que se apruebe.