Así se desprende del trabajo publicado por José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y UCM) y Manuel Diaz Mendoza (Fedea) en el que, dada la situación económica actual, se propone un esquema de revalorización de las pensiones “más justo que el actualmente previsto para los mayores más vulnerables y para los jóvenes”.

Según los autores, esta propuesta es “más solidaria” con los pensionistas más vulnerables ya que "más del 52% de los pensionistas" verían revalorizada su pensión en una mayor cuantía que la subida propuesta por el Gobierno. De este modo, “se estarían concentrando los recursos fiscales escasos en los pensionistas más necesitados”.

Asimismo, subrayaron que parece “razonable” que las pensiones más altas participen en el Pacto de Rentas, pues una subida generalizada y automática de todas las pensiones en una situación económica tan complicada “resulta menos progresiva”. La pensión mínima asciende a 10.100 euros al año y la pensión máxima a 39.500 euros al año. Por lo tanto, una subida generalizada del 8,5%, supone un aumento de 860 euros para los que perciben una pensión mínima, pero un aumento de 3.350 euros, para los que perciben la pensión máxima. “Con la subida generalizada, los que tienen la máxima pensión perciben prácticamente cuatro veces más que los que tienen la pensión mínima”, destacaron.

También señalaron que subir las pensiones máximas un 8,5% obliga a subir las bases máximas de cotización un 8,5%, lo que se trata de una medida “claramente en contra del Pacto de Rentas, pues eleva el coste salarial de muchos trabajadores cualificados, lo que tendrá un efecto pernicioso sobre la inflación”.

Por otro lado, indicaron que no es “descartable” que, tras la resolución del conflicto bélico, caigan los precios de la energía, y con ellos, se produzcan bajadas de precios que, dada la asimetría del nuevo Mecanismo de Revalorización de las pensiones de la Reforma de 2021, que impide bajar las pensiones si los precios caen, “no se verán reflejadas en las pensiones”.

Además, la propuesta supondría un ahorro fiscal de 6.225 millones en el año 2023, pero, dado que las subidas de pensiones se consolidan en el tiempo, el ahorro sería “mucho mayor en el medio plazo”.

Por último, argumentaron que el ahorro permitirá un uso “más racional de los recursos y su utilización en medidas que beneficien a los jóvenes”, pudiéndose usar para reducir el nivel de deuda pública. En este sentido, subrayaron que, de mantenerse el aumento de tipos de interés registrado en 2022 en los próximos años, el gasto en intereses se incrementará en más de 20.000 millones en 2025, respecto al registrado a cierre de 2021, por lo que “debe ser prioritario reducir a una velocidad mayor el déficit público”.

SITUACIÓN “EXCEPCIONAL”

Para defender su propuesta, los autores indicaron que, en condiciones normales, debe evitarse la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. No obstante, en una situación económica “tan excepcional”, consideran que es “necesario que el sistema cuente con válvulas de escape que permitan repartir la revalorización de las pensiones en varios años”.

“Esta recuperación gradual de la pérdida de poder adquisitivo se está pidiendo también a los trabajadores, para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación y, en consecuencia, se debería exigir a los jubilados con pensiones más altas”, apuntaron.

Además, aseveraron que, en el debate de la revalorización de las pensiones, se están mezclando dos cuestiones que “habría que tratar por separado”. Por un lado, la sostenibilidad de las pensiones que es un “problema estructural aun no resuelto” y, por otro, la revalorización de las pensiones. “El primero requerirá una reforma en profundidad de nuestro sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva realidad demográfica. El segundo hay que analizarlo atendiendo a la excepcionalidad del momento”, subrayaron.