En una nota de prensa, la asociación dice que “con este recurso el gobierno de Almeida contradice en un solo acto su recién presentada política de urbanismo en materia de cocinas fantasma, su política de entornos escolares y su Plan Local para la Infancia en Madrid y les pega una patada a sus promesas en estos asuntos”.

La sentencia recurrida anulaba la licencia bajo la que operan estas cocinas industriales basándose en tres argumentos: que carece de informe de impacto medioambiental, que carece de informe jurídico y que incumple la normativa urbanística.

Además, los familiares acusan al consistorio de Almeida de actuar con “una falta de coherencia absoluta” cuando a pesar de haber recurrido esta decisión, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Mariano Fuentes, anuncia que va a revisar de oficio la licencia en cuestión.

“Este anuncio es una vergüenza a estas alturas, las familias ya le pedimos hace un año a Mariano Fuentes que revisara la licencia antes de que empezaran a funcionar las cocinas industriales y no nos hizo caso”, añaden.

“A pesar de que un juez le ha dicho que esa licencia debe ser anulada, anuncian revisiones en lugar de acatar la decisión, no tienen palabra y están tomando el pelo a las familias y vecinos”, denunció Iris Arisa, secretaria de la AFA del Colegio Público Miguel de Unamuno.

Además, recuerdan que la propia vicealcaldesa, Begoña Villacís, llegó a reconocer que, como madre no le gustaría que hubiera cocinas fantasma al lado de los colegios. “Urbanismo es su competencia, no ha hecho nada para que este colegio deje de tenerlas”, critican.

“La decisión de Almeida es realmente indignante, llevan días diciendo que con la nueva legislación que han planteado estas cocinas no estarían donde están, les hemos dado una oportunidad avalada por un juez para que enmendaran el error que han cometido como gobernantes al permitir esa actividad al lado de un colegio y han decidido desperdiciarla”, concluye Noelia Cabezas, presidenta del AFA.

Para poder seguir luchando y defendiendo los derechos de los niños, las familias han lanzado un nuevo ‘crowdfunding’ para financiar esta segunda fase del proceso judicial en ‘goteo.org’.