Así lo precisó en un comunicado emitido tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del Decreto-ley 7/2022, que viene a consolidar el anuncio que realizó hace unos días el presidente autonómico de una bajada general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio, entre otras medidas, lo que, según la organización, “supone, de facto, la supresión de dicho impuesto”.

En este sentido, la federación criticó que la Junta de Andalucía “continúe” con su política de “favorecer” al sector empresarial y a las rentas más altas “en perjuicio” de los fondos que necesita la comunidad autónoma para garantizar unos servicios públicos “de calidad y eficientes que puedan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”.

Facua Andalucía señaló que la modificación introducida por el Gobierno de la Junta provocará una merma en las arcas públicas del 0,6% de la recaudación y subrayó que en 2021 el impuesto sobre el patrimonio consiguió unos fondos de 120 millones de euros, afectando sólo a 20.661 andaluces.

A este respecto, el presidente de Facua Andalucía, Manuel Baus, criticó que la Junta asuma "la pérdida para las arcas públicas de estos 120 millones cuando, en relación a políticas de protección a los consumidores, el Gobierno andaluz sólo destinó en los últimos presupuestos una exigua cantidad de 13 millones de euros".

"Un montante a todas luces insuficiente para potenciar la labor de inspección y control de la Junta, la propia estructura administrativa de la Dirección General de Consumo o garantizar una apuesta suficiente por el movimiento asociativo, cada vez más parca", agregó, convencido de que el Gobierno de Moreno Bonilla “pretende eximir de contribuir a la financiación de los servicios públicos a aquellos que precisamente deberían aportar más”.

Facua Andalucía incidió, además, en que, en contraposición con esta exención tributaria a las rentas más altas, la comunidad autónoma es “una de las que vienen ocupando las últimas posiciones en inversión sanitaria por habitante” y recordó que en 2020 ocupó el último lugar, con menos de 1.300 euros por habitante.

“No sólo eso, sino que también viene siendo el vagón de cola en educación por alumno. Datos de 2019 revelaron que la media nacional era de 6.230 euros, pero Andalucía sólo destinaba 5.442 euros”, sentenció, para defender que, además, los retrasos en otorgar las ayudas sociales “también son inaceptables”.