En la reunión celebrada entre el departamento ministerial y las comunidades autónomas, se debatió la planificación de la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en las diferentes comunidades autónomas.

En el caso de Medicina de Familia y Comunitaria, se produjo un incremento del 38% en los últimos seis años. En este sentido, la secretaria de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, Celia Gómez, aseguró que “si se suman todas las que se han ido incrementando, son casi 3.000 plazas más. En esta última convocatoria 2023-24, se alcanzaron 682 plazas más que en la convocatoria20 17-18”.

A esto añadió que “la situación muy desigual entre territorios: en cuanto a la tasa de acreditación de plazas, la que tiene la tasa más alta es Extremadura, con 9,25 plazas por 100 mil habitantes, un dato que prácticamente triplica a la comunidad que menos tiene, que es Madrid, con 3,76 plazas por 100.000 habitantes”.

Durante la reunión también se acordó dedicar un pleno monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) a la Atención Primaria. Asimismo, se realizó un seguimiento de las 14 medidas que incluye el Plan de Acción de Atención Primaria, aprobado en 2021.

REDUCIR LA TEMPORALIDAD

Dos de las primeras acciones hacen referencia a la reducción de la temporalidad. Una de ellas implica que las comunidades autónomas resuelvan sus ofertas de empleo público antes de que finalice 2024.

La otra medida se sustanció con el Real Decreto Ley 12/2022 de 5 de julio, que pone fin a la figura del personal eventual en los centros sanitarios, y que supone evitar que en el futuro se vuelvan a repetir los niveles de temporalidad que se dieron hasta ahora.

Además, en el primer trimestre de 2024 se realizará un seguimiento de seis de las acciones que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, entre ellas, resultado de la oferta de contratos con una duración superior a los dos años, a los Médicos Residentes que acaban su especialidad y resultado de la identificación de los puestos de difícil cobertura y la aportación de incentivos económicos y no económicos para la atracción y retención en dichos puestos.