El borrador del anteproyecto de ley que modifica la normativa vigente, al que tuvo acceso Servimedia, establece una distinción entre los inmigrantes con permiso de residencia, "que se encuentren legalmente en España", y el resto.

En la reforma el Gobierno establece la posibilidad de conceder un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias.

Asimismo, la Adminisración podrá conceder el permiso de residencia temporal a los extranjeros que en su momento hubiean obtenido esta autorización y no la renovaron, así como a aquellos que acrediten una permanencia en territorio español de al menos cinco años, en lugar de los dos años que recoge la ley actual.

El texto elimina los derechos de reunión, manifestación y asociación de aquellos extranjeros que carezcan del permiso de residencia.

El derecho a la educación queda garantizado para todos los inmigrantes menores de dieciocho años. A los mayores de edad, sólo se les reconoce si tienen los papeles en regla

El borrador también restringe la posibilidad de acceder al reagrupamiento familiar de todos los inmigrantes, ya que lo limita a los cónyuges, hijos y ascedientes, mientras que la actual ley lo amplia a cualquier familiar.

Asimismo, el texto suprime la opción de presentar recurso por la vía judicial en caso de denegación de visado y considera la estancia ilegal en España como motivo de expulsión.

Además, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, garantizado en el texto vigente, se limitaa aquellos extranjeros que carezcan de recursos económicos "suficientes".

Respecto al derecho al trabajo, la normativa que propone el Ejecutivo exige la autorización administrativa para trabajar, cuando la actual legislación consideraba válido la mera obtención del permiso de empleo.

Finalmente, el borrador incluye medidas para combatir las mafias que se lucran con el tráfico de inmigrantes y especifica las obligaciones de los transportistas que trasladan extranjeros.