En una sentencia hecha pública hoy, los magistrados consideran probado que en la noche del 2 al 3 de junio de 1997 Barrios Martín, junto con otra persona, colocó un artefacto explosivo bajo el asiento del coche del funcionario Francisco Camacho García, aparcado cerca de la cárcel donde trabajaba en Granada.

Según la sentencia, "dicho artefacto debía explosionar cuando el funcionario recogiera su coche tras su jornada laboral, y tenía la suficiente potencia para causarle l muerte". Sin embargo, la víctima descubrió la bomba al percatarse de que el asiento estaba anormalmente duro y mirar debajo del mismo.

El artefacto estalló después de que un grupo de técnicos en desactivación de explosivos desalojara y acordonar la zona. El vehículo quedó inservible.

Para los magistrados, Barrios Martín elaboró la información precisa para llevar a cabo la acción terrorista. Según la sentencia, los hechos descritos son constitutivos de un delito de homicidio terrorista, con la cocurrencia agravante de alevosía, por lo que condena a Barrios Martín a 18 años de prisión y a la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Además, la sala establece que Barrios Martín deberá indemnizar al funcionario con 185.000 pesetas por daños materiales y con 30 millones de pesetas por los daños psicofísicos.

Según consta en la sentencia, la víctima, Francisco Camacho, sufre desde el día de los hechos secuelas psicofísicas consistentes en un "trastorno delirante de tipo persecuorio, trastorno neurótico de la personalidad y trastorno depresivo mayor", lo que le ha llevado a la jubilación por incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo.