Entre los 27 procesados se encuentran Asier Tapia, el joven que el 6 de marzo de 2001, tras la detención de 15 miembros de Haika, ofreció una rueda de prensa en la que anunció que los jóvenes vascos iba a salir a la calle "a responder a los responsables y colaboradores de este ataque contra Euskal Hería". El llamamiento fue seguido de múltiples actos de "violencia callejera" en distintos lugares del País Vasco.

Los procesados por pertenencia a banda armada son, además de Tapia, Arturo Villanueva, Carlos Iñigo Blasco, Olatz Dañobeitia Ceballos, Olatz Carro Boado, Ugaitz Elizaran Aguilar, Igor Ortega Sunsundegui, Amaia Arrieta González, Igor Suberbiola Zumalde, Garazi Viteri Izaguirre, Garikoitz Etxebarría Uría, Aiora Epelde Aguirre, Gartzen Garayo Atxurra, Mikel Ayllon Corral, Igor Chillon Barbadilo, Alejo Moreno Sainz, Egoitz López de la Calle Uribarri y Patricio Jimbert Leturiondo.

Los nueve procesados por colaboración con organización terrorista son: Izaskun Lesaca Arguelles, Jorge Jesús Urbiola Monteiro, Maider Alonso Alcibar, Ainara Frade bilbao, Unai Beascoechea Gutiérrez, Ibon Meñica Orue-Etxebarría, Sonia Jacinto García, Amaia Maestre Larrad y Arkaitz Rodríguez Torres.

Para Garzón, está "provisionalmente acreditado" que Jarrai-Haika (ahora Segi) forman una estructura orgánica en lamisma organización terrorista ETA-KAS-EKIN, en la que también se incluyen Xaki y Gestoras Pro Amnistía (ahora Askatasuna).

"Todas estas estructuras forman un único conjunto, aunque diversificado, para dar cobertura o abarcar, con pretensiones globalizadoras, a cada uno de los frentes del grupo terrorista (de masas, militar, institucional, informativo...) bajo la dirección de la 'vanguardia armada, representada por ETA, y cumpliendo las órdenes e instrucciones de su 'Comité Directivo' y 'Aparato Polítio', a través de las estructuras KAS y luego EKIN", dice Garzón.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, KAS- EKIN "desarrolla el control delegado de las denominadas 'formas de lucha complementaria' de la lucha armada, en las que se incluyen la 'kale borroka'", ejecutada por otras organizaciones como Jarrai-Haika-Gestoras Pro Amnistía.

A su juicio, Jarrai-Haika-Segi, "en cumplimiento de la dependencia y subordinación a ETA-KAS-EKIN, "coopera activament activamente en la obtención de los fines ilícitos del conjunto terrorista, a saber, la quiebra de la unidad territorial de España, la subversión del orden constitucional [...] a través del uso y empleo de medios violentos y coactivos dirigidos contra el conjunto de la sociedad, complementando las actividades de ETA".

Garzón ha tomado esta decisión petición del fiscal encargado del caso, Enrique Molina, para quien "Jarrai-Haika actúan dentro de lo que ETA define como 'el frente de masas', siguiendo encada momento las líneas propuestas por el 'aparato político' al 'comité ejecutivo'" de la banda terrorista.

Para Garzón, ETA tiene tres "formas de lucha", la armada, la institucional y la de masas, para cuyo desarrollo nació KAS-EKIN y que tiene varios niveles: ilegal (y), semilegal (x) y legal.

El nivel legal consiste en convocar manifestaciones, concentraciones y encarteladas; el de tipo x desarrolla actividades dentro de la ilegalidad, como son los cortes de carretera, barricadas, sabotajes, crtas amenazantes o llamadas telefónicas injuriosas; mientras que el denominado y se caracteriza por sus efectos destructivos.

Garzón considera que la lucha de masas es ejercida también por Haika contra aquellos medios de comunicación que considera no afines.

Además, el magistrado sostiene que ETA se encarga de financiar a Jarrai-Haika y ésta de justificar los gastos a la dirección de la banda terrorista, tal y como demuestran los diversos documentos contables hallados en la cooperativa Sokoa en nviembre de 1986, según la cual dicha organización recibió de la banda 410.000 pesetas mensuales.

Otras formas de financiación de Jarrai son, según Garzón: txoznas (bares), kides (colaboraciones), cuotas, rifas, venta de materiales e inversiones, si bien no suponen grandes flujos de capital para la organización.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional declaró la ilicitud de Haika el pasado 10 de mayo de 2001 y de su sustituta, Segi, el pasado 5 de febrero, pr considerarla parte de ETA.