El fiscal Jesús Caballero solicita, asimismo, que los terroristas Ibón Echezarreta Echániz, Luis María Carrasco Aseguinolaza y Xabier Makazaga Azurmendi indemnicen con 300.000 euros a cada una de las familias de los fallecidos y con 515.100 euros en total a los cinco heridos del atentado.

El representante del Ministerio Público asegura que Echezarreta, Carrasco y Makazaga, junto a Ibón Fernández Iradi, alias "Susper", y Ainhoa García Montero, alias "Loi", formaban parte del "complejo Donosti", que en febrero de 2001 perpetró el atentado junto a la estación de ferrocarril de Martutene, que costó la vida a los dos trabajadores.

Según mantiene la Fiscalía, García Montero compiló la información necesaria sobre los horarios del concejal socialista y el "comando" decidió matarle mediante la colocación de un coche bomba en el recorrido que el político realizaba diariamente desde su domicilio hacia el trabajo.

Para ello, sustrajeron un vehículo al que ustituyeron las placas por otras que habían sido robadas por Echezarreta y Carrasco en noviembre de 1999 en Eibar (Guipúzcoa) y troqueladas con maquinaria que los dos mismos terroristas habían sisado en Mondragón en febrero de 2001.

A continuación, los procesados colocaron en el coche un artefacto explosivo compuesto por entre 6 y 7 kilos de gelatina explosiva o dinamita goma, con un sistema de accionamiento con radio mando.

Seguidamente, estacionaron el vehículo en la salida del apeadero de ferrcarril del barrio de Martutene y esperaron que Dubreuil, su escolta y el resto de pasajeros saliesen de la estación para dirigirse a sus respectivos centros de trabajo.

El concejal socialista se rezagó y fue adelantado por un grupo de trabajadores de la empresa "Elektra", que se encuentra en las inmediaciones de la estación. En ese momento, uno de los terroristas accionó el explosivo y los obreros José Angel Santos Laranga y Jesús Leonet Azcune recibieron de lleno la onda expansiva del artefacto, causndoles la muerte.

Iñaki Dubreuil y sus escoltas salieron ilesos del atentado, pero otros dos trabajadores de la mencionada empresa, así como otras tres personas, sufrieron heridas de diversa consideración. La explosión ocasionó unos desperfectos por valor de 31.625,46 euros, que deberán ser abonados solidariamente por los tres procesados.