"El aspecto que más ha destacado a través del tratamiento de datos es la necesidad de informar", afirma el estudio, dirigido por la profesora Carmen Otiz y realizado por encargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso).

"Informar para saber, informar para pedir, informar para actuar. Esto tiene que ver con campañas de mentalización social sistematizadas, dirigidas a los propios usuarios, instituciones, organismos y mundo empresarial", señala Ortiz.

El 58,8 por ciento de los empresarios castellano-leoneses que respondieron a la encuesta de la Universidad de Salamanca achacaron la falta de personal minusválido en sus empresas a lascaracterísticas del trabajo.

Otro porcentaje similar lo explicaron porque "no lo han solicitado", un 17,8 por ciento debido a "falta de formación" y otro 16 por ciento como consecuencia de la propia desinformación.

Los empleadores también lo achacaron a la falta de ayuda institucional (3,5 por ciento), su oposición (2,6 por ciento), problemas de convivencia (0,8) y experiencias negativas en el trabajo (0,8).

El artículo 38 de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que llev 10 años en vigor, establece la obligación de toda empresa privada o pública con un mínimo de 50 trabajadores fijos a que dedique el 2 por ciento de sus puestos de trabajo a personas con alguna deficiencia física o psíquica.

La realidad es que los centros de trabajo incumplen esta ley mayoritariamente, situación que esta encuesta explica en parte por la falta de información entre los propios minusválidos a quienes, según el 58,5 por ciento de los empresarios, no les han empleado porque no han pedido tabajo.