En declaraciones a Servimedia, Juan Manuel Municio, secretario general del Sindicato de Estudiantes, explicó que las amenazas más graves se produjeron en Talavera de la Reina el 3 de diciembre, en la víspera de una manifestación autorizada en defensa de la escula pública y contra la Carta de Derechos y Deberes de los Estudiantes.

"Miembros de la Guardia Civil se presentaron en la casa familiar de varios afiliados, menores de edad, instándoles a que tuviesen 'mucho cuidadito', porque 'si gritáis consignas ofensivas contra las autoridades, podéis tener problemas penales'", señaló el responsable del Sindicato de Estudiantes.

Otro caso denunciado por el SE tuvo lugar en Fuente Obejuna (Córdoba) los primeros días de noviembre, cuando varios guardias civilesacudieron al instituto de la localidad preguntando quiénes eran los responsables de la organización de la manifestación del día 14 de noviembre, qué iban a hacer y advirtiéndoles que podían ser detenidos "si gritaban consignas en contra de la autoridad".

En Madrid, la policía acudió al instituto Ramiro de Maeztu en las jornadas anteriores a esta misma manifestación para disolver a varios afiliados que repartían cuartillas en el centro con la convocatoria de huelga.

Las fuerzas del orden acudierontras una llamada telefónica de la directora del centro y, según el SE, "con la complicidad del Ministerio de Educación". Este caso fue denunciado en su día por el sindicato y el MEC argumentó entonces que los afiliados del SE alteraban la actividad normal del centro.

Para el Sindicato de Estudiantes, estos casos "responden a una escalada represiva por parte del Gobierno de la derecha que se está expresando de muchas formas, con actuaciones policiales muy duras, con la aplicación de la 'ley Corcuera' d forma sistemática contra todo aquel que se manifiesta o provoca cierta conflictividad social".