Así, el estudio ‘¿Éxito o desafío? Análisis de la Ejecución del Plan de Recuperación en España hasta 2023’ presenta un “balance mixto”, ya que el 46% de ejecución de fondos se sitúa frente a un nivel de compromiso del 94,28% de los 70.346 millones originales en subvenciones del Plan.

El Gobierno esperaba comprometer un 96% a finales de 2023, según los objetivos que se había marcado. Según los datos de LLYC, a 31 de diciembre el Ejecutivo había comprometido 66.296 millones, sin incluir la Adenda. De esa cantidad, 42.108 millones corresponden a ejecución por la Administración General del Estado (AGE) y 24.188 millones a ejecución por las comunidades autónomas, con un protagonismo decreciente para estas últimas que gestionan el 36% de fondos, frente al 40% que el Gobierno tenía previsto transferir.

El informe asegura que, hasta el 31 de agosto de 2026, España “deberá hacer un enorme esfuerzo de ejecución” para lograr adjudicar el 55% restante del Plan de Recuperación original y los fondos adicionales de la Adenda -10.300 millones en forma de subvenciones y 83.200 millones en forma de préstamos-.

En el caso de la AGE, LLYC estima que de los 38.336 millones de euros comprometidos, se han resuelto convocatorias y licitaciones con una dotación de 30.552 millones a finales del año pasado, un 78,48% de lo comprometido. Asimismo, se han adjudicado a beneficiarios finales 23.977 millones, un 34% de los fondos del Plan de Recuperación inicial.

Respecto a las regiones, el informe indica -a partir del informe presentado por el Gobierno el 21 de diciembre- el importe adjudicado por las comunidades a 30 de noviembre de 2023, que ascendería a 5.600 millones de euros. Si se añaden los 3.000 millones transferidos por el Ejecutivo a las autonomías, supondría un importe de 8.600 millones adjudicados.

AUMENTAN LOS REMANENTES

El análisis también señala una acumulación significativa de remanentes en la ejecución del Plan. En total, un 16,7% de los fondos originales, que podría aumentar hasta el 20% a medida que avanza la resolución de 7.784 millones de dotación ya convocados y los 4.020 millones de euros pendientes de comprometer.

Por otro lado, manifiesta que los sectores a los que han ido destinados los fondos han sido los que se preveían, mayoritariamente los relacionados con la sostenibilidad, seguidos por los de digitalización.

Por tipo de beneficiario, al sector público se han destinado más fondos que al privado, con un 45,07% y un 40,13%, respectivamente. La mayoría de las beneficiarias han sido empresas de tamaño mediano y pequeño, pese a que a la mayoría de licitaciones se han podido presentar todo tipo de empresas.

Por países, el estudio subraya la gran atomización en la ejecución del Plan, ya que Francia e Italia, en comparación con España, han adjudicado importes muy elevados a sus principales beneficiarios, entre los que destacan entidades públicas.

Por Ministerios, el estudio recalca el nivel de adjudicación de Transportes porque gran parte de sus convocatorias van dirigidas a ayuntamientos y sus licitaciones se destinan mayoritariamente a actuaciones de Adif. Además, augura un “ritmo de ejecución desigual” en programas como los de rehabilitación energética, autoconsumo o movilidad eléctrica.

De cara al futuro de los fondos europeos, LLYC asegura que la “novedad más destacada” es la Adenda, que supone la incorporación de unos 93.500 millones de euros adicionales a recibir por España. Para lograr los desembolsos correspondientes, España tendrá que cumplir los 179 hitos de reforma y objetivos de inversión adicionales, lo que supone 595 hitos y objetivos entre 2021 y 2026.