Así lo anunció este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación en Málaga del despliegue de seguridad para la Operación Verano 2023.

El anterior máximo histórico se dio en diciembre de 2011, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron un total de 155.149 efectivos. A partir de esa fecha, las plantillas de Policía y Guardia Civil experimentaron un acusado descenso que llevó a que en diciembre de 2017 ambas plantillas sumaran 142.072 agentes.

Con la incorporación estos días a sus comisarías de destino de los alumnos de la XXXII Promoción de la Escala Básica de la Policía, la plantilla de este cuerpo crece hasta los 74.458 efectivos. Por lo que se refiere a la Guardia Civil, una vez lleguen a los cuarteles a partir del próximo 3 de julio los alumnos de las últimas promociones, la plantilla alcanzará los 81.995 miembros.

OPERACIÓN VERANO

El crecimiento orgánico de las plantillas de estos cuerpos de seguridad ha sido posible gracias a las cinco ofertas de empleo público sucesivas convocadas por iniciativa conjunta del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio del Interior, todas ellas con tasas de reposición superiores al cien por ciento.

Esa apuesta por convocatorias con un número de plazas ofertas muy superior al de las bajas a cubrir ha permitido recuperar desde 2018 un total de 14.381 plazas netas, cifra que conjuga los 13.077 efectivos que se perdieron en el periodo 2012-2017.

Muchas de las incorporaciones de nuevos agentes estas próximas semanas permitirán reforzar el despliegue policial diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad en la Operación Verano, que arranca este próximo 1 de julio.

El despliegue policial se extenderá hasta el 31 de agosto en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia, mientras que en el caso de Baleares se ampliará hasta el 30 de septiembre.

El objetivo de esta planificación, presentada este jueves en Málaga por Marlaska, es incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas minimizando los riesgos asociados a la actividad delictiva.