Con esta compra habría suficientes antivirales para cubrir, en caso de pandemia, a los grupos de riesgo definidos para la gripe humana, que se estima entre un 15 y un 25% de la población. Hasta ahora sólo se habían adquirido dos millones de antivirales.

La Comisión de Salud Pública se volverá a reunir el próximo 27 de octubre para concretar esta decisión de compra en función de los grupos de riesgo de cada comunidad autónoma, de los debates del Consejo de Ministros de Salud de la UE, que se reunirán el próximo jueves y viernes, y de la reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebrará el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene en Copenhague. Sin embargo, el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, Manuel Oñorbe, recordó al terminar la reunión de la Comisión de Salud Pública que la "eficacia de los antivirales no es una panacea, ya que ni tan siquiera se sabe si funcionarán si el virus de la gripe aviar muta".

Destacó Oñorbe que lo que hay que hacer para prevenir la gripe aviar, "recalco lo de aviar, es decir, ligada a las aves", es poner el acento en las redes de vigilancia epidemiológica y también valoró que en las decisiones tomadas en la Comisión "ha imperado el consenso".

PROBLEMA AGROPECUARIO

Asimismo, subrayó que el mensaje que las autoridades sanitarias trasaladan a la población es de "tranquilidad", ya que "el nuevo caso detectado en Grecia no quiere decir que la mutación del virus esté más cerca. De momento estamos ante un problema agropecuario. No hay que estar más preocupados que hace una semana, antes del caso detectado ayer en Grecia".

Manifestó Oñorbe su satisfacción porque "los laboratorios Roche, que poseen la patente de los antivirales, han empezado a hablar de la flexibilización de la misma" y explicó que el Ministerio de Sanidad pagará un 8% del total de la compra de los antivirales.

En cualquier caso los antivirales podrían servir para afrontar la llegada de la pandemia a España hasta la fabricación de la vacuna. En esta situación, la máxima prioridad de las autoridades sanitarias sería frenar la expansión del virus allí donde se produjera, siguiendo el principio de la solidaridad, por lo que las dosis se destinarían a las personas en contacto con el primer foco de infección y el entorno de los posibles afectados, así como profesionales sanitarios, de emergencias y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.