Los familiares de víctimas mortales de la catástrofe dispondrán de este mismo permiso excepcional durante cinco años, tal y como estipula el acuerdo que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que hoy publica el BOE. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicaron que la intención del Gobierno es ampliar el paquete de medidas ante la dana y garantizar así la seguridad jurídica a todas las personas extranjeras y a los empleadores en los municipios afectados.

Esta instrucción forma parte de dichas medidas, que se unirán al Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Su objetivo principal es "proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida", explicó Inclusión, consciente de que "las consecuencias devastadoras de la dana pueden dificultar el cumplimiento de los requisitos exigidos” por la Ley de Extranjería.

Gracias a estas autorizaciones excepcionales, los beneficiados podrán residir y trabajar de forma legal en España durante uno o cinco años, pero deberán demostrar su empadronamiento en alguna localidad afectada entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo máximo de tres meses desde la vigencia de estas instrucciones, y una vez caduquen, los migrantes podrán acogerse a las vías de autorización regular previstas en el Reglamento de Extranjería.

El Gobierno también ha decidido que se prorroguen y renueven todas las autorizaciones de estancia por estudios y las autorizaciones temporales de residencia o trabajo cuya vigencia expire entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025 a los extranjeros residentes en los municipios afectados por la dana. Solo “podrán ser denegadas por razones de orden público, seguridad o salud pública”, precisaron desde Inclusión. La solicitud deberá presentarse en la Oficina de Extranjería bien 60 días antes de que caduque el permiso, bien hasta 90 días después.

También se eliminará la obligación del alta en la Seguridad Social para aquellas autorizaciones de trabajo ya concedidas que dependan de tal requisito, pues “algunos empleadores no habrán podido cumplimentar este trámite a consecuencia de la dana”.

Según el ministerio, la medida busca “evitar que el trabajador extranjero caiga en la irregularidad sobrevenida. Es decir, estas autorizaciones serán válidas desde el momento de su resolución por la Oficina de Extranjería, sin que resulte preceptivo el alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.

Además, se resolverán de forma favorable todas aquellas peticiones de autorización inicial de residencia o trabajo y de renovación, modificación o prórroga que estuvieran en trámite cuando sucedió la dana y que hubieran dejado de cumplir algún requisito por esta causa. De nuevo, las únicas excepciones a esta norma serán motivos de salud, seguridad u orden público.