AERCO afirma en un comunicado que esta nueva clasificación tiene su origen en un borrador de norma europea que ha sido rechazado mayoritaramente por los miembros de la Unión Europea. Su aplicación en nuestro país sería gravemente perjudicial, al colocar a las empresas españolas en peores condiciones respecto al resto de las europeas para licitar obra pública, tanto en España como en el extrajero, y es "tremendamente restictiva de la competencia".

La asociación considera que la bondad del actual sistema, y por tanto su innecesaria modificación, queda probada con las reducidas cifras económicas que en concepto de fianzas por obra han sidoretenidas por la Administración por incumplimiento de contratos.

Según los datos que maneja AERCO, esta cifra supuso en 1999 sólo 300 millones de pesetas, lo que representa el 0,2 por ciento de un total de 150.000 millones de obra adjudicada por la Administración central.

Una comisión de AERCO, encabezada por su presidente, Jesús Sancho Rof; el vicepresidente, Alejandro Llorente, y el secretario, Carlos Ortiz, se ha entrevistado con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, Santiago anzuela, para trasladarle la preocupación del sector de la construcción en relación con el anteproyecto de Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Según AERCO, Santiago Lanzuela se ofreció para acelerar el establecimiento de un encuentro entre la asociación y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el fin de tratar este tema.

AERCO agrupa actualmente a 30 empresas de obra pública distribuidas en 11 comunidades autónomas, con una facturación global superior a lo 150.000 millones de pesetas, y emplea directamente a más de 4.500 personas.