Eligio Hernández afirma, en una entrevista publicada hoy en el periódico "La Provincia", de Las Palmas, que en España hay "querellantes oficiales" y cita concretamente los casos de José María Ruiz-Mateos y "los querellantes de Filesa, Renfe u otros".

El fiscal general del Estado agrega que no quiere entrar en esa dinámica, ya que"en el procedimiento penal rige el principio de intervención mínima, es decir, que un hecho puede ser éticamente reprobable, políticamente reprochable, socialmente impresentable, y puede no ser un delito. Pero es que los jueces y los fiscales sólo perseguimos delitos".

Durante la entrevista, realizada en la isla de El Hierro, donde pasa sus vacaciones, Hernández declara que la corrupción es un hecho aislado y que la mayoría de los políticos son honestos. Cita casos en los que la corrupción política hasido castigada, como los del alcalde de Burgos, el procesamiento de Juan Hormaechea o el "caso Juan Guerra", "y se está trabajando en el 'caso Ollero'".

Sin embargo, reprueba los llamados juicios paralelos, que desprestigian la imagen de una persona. "Por ejemplo, ¿quién le paga al señor Demetrio Madrid, que dimitió como presidente de la Junta de Castilla y León y después fue absuelto, el deterioro que sufrió su imagen pública? Y lo mismo digo del ministro de Sanidad y de Alfonso Guerra".

HONRADEZ SCIALISTA

Sobre algunos nombramientos polémicos efectuados por el Gobierno, como el de Martínez Zato, el fiscal general asegura que los que se oponen a ellos lo hacen solamente "porque es socialista".

"Parece que una persona no es independiente si es socialista, con lo cual el Gobierno tendría que nombrar como fiscal general del Estado a uno del PP o de otro partido. Y no. Un señor puede ser miembro del PSOE, votar PSOE y ser honrado, a menos que se diga que no hay ningún socialista honrado", agrea.

Eligio Hernández cree que las críticas que provocó su nombramiento en un principio han dado paso a una completa normalidad, "con la particularidad de que yo sabía que el cargo era polémico y esperaba reacciones, sobre todo de la derecha conservadora, como así ha sido".

Critica también la actitud de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la Asociación Profesional de Fiscales, por la oposición a su nombramiento, "aunque es lógico que jueces y fiscales conservadores se opongan a un fisal propuesto por el Partido Socialista".

En relación con la crisis que atraviesa la sociedad canaria, el que fuera delegado del Gobierno en esta comunidad asegura que en la isla de Gran Canaria "existen los perfiles para darse un caracazo venezolano, debido a que el problema social de la isla se ha agudizado".

Sobre la droga, el fiscal general se opone a su legalización y a un mayor endurecimiento de las leyes penales y aboga en cambio por una transformación del orden económico internacional. "Mintras no se le compre café a buen precio a Colombia, se verá obligado a seguir sembrando cocaína, y lo mismo digo de Bolivia o de Perú".

En respuesta a otra pregunta recuerda que la droga es un gran negocio, en el que "están implicadas grandes familias económicas y alguna banca internacional", que mueve anualmente 400.000 millones de dólares, más que el petróleo.