Así lo puso de relieve esta institución colegial durante la presentación de la ‘Guía de la segunda oportunidad’ publicada por el Refor. En el acto, explicó que la reforma de 2022 ha introducido algunos avances en cuanto a la reducción del tiempo de tramitación, la preservación del patrimonio del deudor y el fomento de la continuidad de la actividad del autónomo y del ‘fresh start’ para volver a emprender.

No obstante, en su opinión, “subsisten ciertos problemas que ponen en tela de juicio el éxito de este mecanismo de manera que sea satisfactorio para todas las partes, deudor y acreedor”.

Así, la modificación de la Ley de Segunda Oportunidad ha incluido como particularidad el concurso de persona física sin masa (o concurso exprés), mediante el cual el deudor puede alcanzar la liberación de todas sus deudas sin necesidad de abrir la fase de liquidación ni la de calificación, con el “consiguiente sacrificio que ello supone para los acreedores”, quienes no podrán solicitar el nombramiento de administrador concursal mientras no representen al menos el 5% del pasivo.

Esto hace, según el refor, que se produzcan en muchos casos procesos que, al carecer de un conveniente asesoramiento profesional, dejan de tener un “adecuado control del deudor, poniendo en peligro el sistema”.

Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, “habría que llegar a un término medio en cuanto a la aplicación de esta herramienta, de forma que se conceda en casos que realmente lo merecen, ya que la exoneración de deudas tiene un impacto directo en la economía en general”.

Para ello, apuntó que sería necesaria la intervención de un administrador concursal que actuara como garante del procedimiento y lo hiciera más eficiente ayudando a determinar si un deudor puede o no acogerse a la exoneración, “evitando un uso irresponsable de este mecanismo y aumentando la seguridad jurídica”.

Por otra parte, el presidente de los economistas señaló que “dado que, según la normativa, uno puede acogerse a la segunda oportunidad teniendo una deuda de una importante cuantía –más de cinco millones de euros–, parece razonable contar con el asesoramiento de profesionales económicos; sin embargo, lo que no parece lógico es todo el esfuerzo de la segunda oportunidad recaiga en los acreedores privados, ya que solo pueden exonerarse hasta 20.000€ de crédito público –Hacienda y Seguridad Social–, una cifra a todas luces insuficiente que debería ser revisada”.

Según se refleja en la Guía del Refor,en 2023 se presentaron 42.442 solicitudes de declaración de concurso, de los cuales 33.268 correspondieron a personas naturales sin actividad empresarial, esto es, un 76% del total.

De ellos, 3.728 fueron instados por personas naturales empresarios, mientras que el resto, 5.447, correspondieron a personas jurídicas. Los concursos de acreedores de personas físicas y autónomos se han multiplicado por once desde el primer trimestre de 2019 al primer trimestre de 2024, pasando de 588 a 6.673, lo que supone un crecimiento de un 1.035%.