Según el Ministerio, este proyecto se incluye en la Ley Crea y Crece aprobada el pasado mes de septiembre y forma parte de las medidas para luchar contra la morosidad, que, para el departamento de Calviño, es “una de las causas que más incidencia tiene en la liquidez y rentabilidad de muchas empresas españolas, con particular incidencia en las pymes”.

La implementación de la factura electrónica en las transacciones comerciales pretende garantizar “una mayor agilidad y control de los pagos y contribuir, con ello, “al cumplimiento de la normativa de morosidad general y sectorial”.

Asimismo, esta medida quiere reducir los costes de transacción gracias a que “permitirá integrar todas las funciones de facturación, cobros, pagos y contabilidad de forma automática”. Adicionalmente, Economía subrayó que supondrá un “impulso adicional” en la digitalización de las pymes y autónomos en el marco del Plan de Recuperación.

Para garantizar la consecución de los objetivos, y facilitar su implementación entre pymes y autónomos, la Administración pondrá a disposición de estas empresas “una infraestructura básica pública” para acceder a la factura electrónica, si bien la tramitación podrá realizarse también a través de cualquiera de las plataformas privadas existentes.

El sistema tendrá que ser interoperable, para permitir la utilización y traducción de los diferentes formatos más utilizados, lo permitirá la integración y adaptación a nivel europeo. Asimismo, el sistema tendrá que estar interconectado, para que los usuarios solo necesiten conectarse a una plataforma para la gestión de sus facturas.

Asimismo, las pymes y autónomos contarán con apoyo para su implementación, a través de periodos transitorios “amplios”, de fórmulas adaptadas de remisión y de las ayudas del Kit Digital.