El Ministerio Público rebaja la petición de pena por la aplicación de las atenuantes de confesión tardía y dilaciones indebidas. El padre también estaba acusado y se le pedía igual pena, pero durante el juicio ha probado que nunca participó en el cuidado de la niña, por lo que nunca la bañó ni le cambió el pañal, razón por la que la Fiscalía ha retirado la acusación en su contra.

La madre también ha sido condenada a indemnizar a la niña con 60.000 euros, una cantidad que difícilmente podrá abonar por la situación económica de la familia. El tribunal ha dejado en suspenso la ejecución de pena de prisión y la Fiscalía también ha retirado su petición inicial de retirada a los padres de la patria potestad sobre la pequeña.

La Audiencia Nacional juzgaba este martes a un matrimonio domiciliado en España por la mutilación genital de su hija de año y medio en Gambia durante un viaje que realizaron en septiembre de 2015.

Los progenitores, Yusupha D.D. y su esposa Fatou J.D., están acusados del delito de mutilación con la agravante de parentesco. Los dos viajaron a Gambia con dos de sus hijas y dejaron a la pequeña con la abuela materna antes de regresar a España.

Antes de partir, la madre pidió a un familiar que se le practicara a la niña una mutilación genital de grado III, consistente en la extirpación total del clítoris y de los labios mayores y menores, operación clandestina que le fue practicada en algún momento sin determinar del mes de septiembre.

Los hechos fueron detectados por los servicios sociales del Cap Mutua de Rubí (Barcelona), seis años después, durante una revisión pediátrica y se puso en conocimiento de los Mossos D´Esquadra. Las lesiones quedaron certificadas por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Barcelona, que en su informe refieren las secuelas de estas operaciones en el plano psicológico y fisiológico.

La Audiencia Nacional dictó una primera condena a dos años de prisión por una ablación realizada fuera de España en 2013 y que también fue detectada en una revisión médica. La Fiscalía pidió entonces siete años de cárcel para la madre, que fueron rebajados a dos porque la mujer argumentó que no sabía que la ablación era delito en España.