El objetivo de esta acción es evitar que en el futuro, y ante una eventual sentencia que esponsabilice a Boliden Apirsa del vertido y sus efectos, la filial española de la multinacional sueco canadiense se declare insolvente y no pueda hacer frente a la indemnización que determinen los tribunales.

La filial española pertenece a la multinacional canadiense Boliden Limited, que a su vez está integrada en el grupo sueco Trelleborg AB.

Las autoridades españolas temen que esta compleja estructura mercantil pudiera motivar que llegado el momento de que la filial española tuviera que hacer rente a una indemnización millonaria, se descapitalice y cierre, sin asumir el pago de indemnizaciones. Por el conrario, la ampliación de responsabilidades a las empresas matrices las convertirá en responsables subsidiarias.

Enrique Alonso indicó que la decisión de extender a las acciones jurídicas a las empresas matrices de la filial española se ha tomado antes de que se cumpla un año del inicio del proceso judicial, periodo del que disponían los servicios jurídicos del Estado para implicar a las mulinacionales de las que depende la filial española.

Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, lamentó hoy, en declaraciones a Onda Cero, que el proceso judicial abierto contra Boliden Apirsa avanza a un ritmo "excesivamente lento".

El Ministerio de Medio Ambiente estima que la reclamación de las indemnizaciones se puede demorar hasta diez años, ya que no se podrán exigir las indemnizaciones hasta que finalice el procedimiento penal por delito ecológico.

Esta demora se podría vitar si existiera una Ley de Responsabilidad Civil, normativa que prepara el ministerio, ya que en ese caso la empresa responsable del vertido pagaría de manera inmediata, sin necesidad de esperar a la finalización del procedimiento penal.