Dentro de esta campaña, Greenpeace ha elaborado una "factura" para que todos los ciudadanos pidan a la empresa Boliden, propietaria de las minas, el pago de los daños que la rotura de la balsa de decantación produjo sobre el medio ambiente, la salud, l pesca, la agricultura y la economía de la zona.

Según cálculos de la organización ecologista, cada español ha tenido que pagar cerca de 1.500 pesetas para paliar los daños del vertido de miles de metros cúbicos de aguas y lodos tóxicos, tras el accidente de la mina de Aznalcóllar, que afectó a decenas de kilómetros cuadrados en el cauce del río Guadiamar, en el entorno e interior del Parque Nacional de Doñana y en la desembocadura del Guadalquivir.

Greenpeace recuerda que la empresa Boliden asegró tras el accidente que correría con los gastos provocados por la rotura de uno de los muros de la balsa donde almacenaba los residuos de la mina. Sin embargo, agrega, en la actualidad se niega a pagar estos daños, que ascienden a cerca de 50.000 millones de pesetas, y además exige el pago de más de 3.000 millones de pesetas de subvención. Greenpeace agrega que Boliden ha recibido ya cerca de 7.000 millones de pesetas en concepto de subvenciones.

"Ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Junta de Andlucía parecen dispuestos a hacer cumplir la ley ni los más mínimos criterios éticos. En lugar de cobrar a la empresa contaminante sobre sus daños, las administraciones públicas han decidido pasar una factura a los ciudadanos de unos 50.000 millones de pesetas. Es lamentable que finalmente la política del Gobierno sea que 'el que contamina cobra'", declaró Xavier Pastor, director de Greenpeace España.