Para las organizaciones de consumidores, este informe, que se encargó a la Universidad Politécnica de Barcelona, "es clave para exigir responsabilidades, tanto penales como políticas, a Boliden y a las distintas administraciones implicadas".

Además, advierten de que la ausencia de este documento retrasa el sellado deinitivo, consolidación y estabilización del muro de la balsa siniestrada, que todavía acumula millones de metros cúbicos de lodos tóxicos.

El CCU, que integra a once asociaciones que agrupan a más de dos millones de socios, también se mostró crítico con la reapertura de la mina, ya que considera que "existen serias dudas de que la nueva zona designada para almacenar los residuos reúna las condiciones adecuadas para reanudar la actividad minera".

Finalmente, estas asociaciones denunciaron los efecos del vertido sobre el medio ambiente y mostraron su preocupación ante la posibilidad de que la contaminación pase a la cadena trófica.