Las mismas fuentes consideran que el Gobierno de la Junta que preside el socialista Manuel Chaves quiere hacerse con el dominio de la zona afectada no sólo para su reconversión en "corredor verde", sino también para evitarse el pago de indemnizaciones que puean derivarse de una posible sentencia.

Por ello, después de que la Junta haya rechazado el recurso administrativo presentado hace unos días por Asaja, los propietarios de fincas de la ribera del Guardiamar han decidido recurrir a la Justicia.

El recurso de Asaja apela a la inconstitucionalidad de la medida de la Junta y ha sido preparado por el catedrático Javier Pérez Royo, quien considera que la orden de expropiación "vulnera los principios de racionalidad, proporcionalidad y tutela judicial efctiva y criminaliza a los damnificados, a quienes trata como si fueran culpables del daño".

Asaja considera que las autoridades deben ayudar a los agricultores a recuperar los terrenos y recuerda que, según las muestras de nivel de toxicidad recogidas, el 80 por ciento de las tierras son recuperables mediante la utilización de determinados cultivos y abonos.