Las mismas fuentes consideran que el Gobierno andaluz quiere hacerse con el dominio de la zona afectada, no sólo para su reconversión en "corredor verde" -que es lo que alega el Ejecutivo-, sino también para evitarse el pago de indemnizaciones que puedan derivarse de una posible sentencia a favor de los afectados.

Por ello, después de que la Junta haya rechazado el recurso administrativo presentado hace unas semanas or Asaja, los propietarios de fincas de la ribera del Guardiamar han decidido recurrir a la Justicia y pedido al TSJA la paralización inmediata de las expropiaciones.

El recurso de Asaja apela a la inconstitucionalidad de la medida de la Junta y ha sido preparado por el catedrático Javier Pérez Royo, quien considera que la orden de expropiación "vulnera los principios de racionalidad, proporcionalidad y tutela judicial efectiva y criminaliza a los damnificados, a quienes trata como si fueran culpablesdel daño".

Asaja considera que las autoridades deben ayudar a los agricultores a recuperar los terrenos y recuerda que, según las muestras de nivel de toxicidad recogidas, el 80 por ciento de las tierras son recuperables mediante la utilización de determinados cultivos y abonos.