Así lo denunció en un comunicado emitido coincidiendo con la previsible aprobación, en el Consejo de Ministros de este martes, del anteproyecto para reformar la Ley General de Discapacidad y la de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Tras reconocer que, durante los años 2021, 2023 y 2024, el Ejecutivo “asumió su compromiso” con la “efectividad” de los derechos de las personas en situación de dependencia con el llamado ‘Plan de choque’, que supuso un incremento anual de 600 millones de euros a través de las comunidades autónomas, en total 3.793 millones de euros, lamentó que en 2024 se “frena” este incremento de financiación estatal y, “a cambio", el Gobierno "propone una reforma de la ley añadiendo nuevos derechos cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual norma”.

En este contexto, puntualizó que, a día de hoy, 270.325 personas se encuentran en las listas de espera de una ley que, advirtió, “se sigue incumpliendo desde hace 18 años”. “Cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera, 34.252 en 2024, y se tardan 334 días en dar la prestación o servicio, en algunas comunidades más de dos años”, subrayó, al tiempo que reiteró que la cuantía de las prestaciones económicas y la intensidad de los servicios son, “a todas luces, insuficientes y en algunos casos ridículas, 264 euros al mes de media para la prestación de cuidadoras no profesionales”.

PAPEL MOJADO

A este respecto, consideró “obvio” que, sin incremento de financiación, los nuevos derechos que esta reforma de la ley propone reconocer "quedan en papel mojado”. “Pura cosmética del sistema, que sólo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares”, apostilló.

“Los cambios, muchos de ellos positivos, que la reforma plantea incorporar son, de hecho, realidades ya asumidas por muchas comunidades sin necesidad de cambiar la ley. Otros, incluso, ya han sido acordados en el Consejo Territorial; los restantes podrían haberse resuelto por la misma vía, sin necesidad de todo lo que conlleva la reforma de una ley”, abundó, al tiempo que estimó que “lo más grave” es que algunos de los cambios propuestos ya habían sido acordados por el Gobierno y las comunidades y “no se cumplen no porque no exista una norma sino, simplemente, por falta de financiación”.

Es el caso, a su juicio, del servicio de teleasistencia, que la reforma plantea reconocer como un nuevo derecho gratuito para todas las personas en situación de dependencia que vivan en su casa.

“Exactamente lo mismo que estableció el Plan de Choque del propio Gobierno”, deslizó, al tiempo que resaltó que, cuatro años después, el 58% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con dicho servicio.

En paralelo, hizo hincapié en que la reforma de la ley propone, como una de sus “principales medidas”, reforzar la atención en los domicilios; a su entender, “justo lo contrario de lo que se está haciendo”.

“Ya el real decreto de 18 de julio de 2023 modificó la intensidad del servicio de ayuda a domicilio, pero seguimos teniendo una intensidad media de una hora diaria para atender a una persona en situación de dependencia, 34 horas mensuales; y apenas dos horas, 62 horas mensuales, para las personas con mayor grado de dependencia, para los Grandes Dependientes (grado III)”, detalló.

En este punto, la entidad se preguntó “de qué manera va a reforzar la atención en los domicilios” una ley que “apuesta por ellos” pero “no contempla un incremento de financiación para estos servicios domiciliarios o para aumentar la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados familiares o no profesionales”.

“El anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia, que sepamos, no sólo no lleva incorporados compromisos de incrementar la ya insuficiente financiación actual, sino que no recoge ninguna modificación sobre una nueva financiación de la ley, siendo este aspecto el más controvertido en la actual norma y que más limita su cumplimiento”, reiteró, al tiempo que hizo hincapié en que aún “están a la espera” la Ley de Familias o la Ley de Servicios Sociales. Por todo ello, urgió a “no jugar con la angustia y las expectativas de personas que necesitan cuidados para sus actividades básicas de la vida diaria, ni con las de sus cuidadoras”.