Tras la tramitación en el Senado, el texto no tendrá que volver al Congreso para su ratificación y será publicado en el BOE tal y como salió de la Cámara Baja, ya que hoy no prosperóninguna de las 44 enmiendas presentadas. Tampoco salió adelante la propuesta de veto del PP.

La portavoz del PSOE, María José Navarro, se felicitó por la aprobación de una ley "de conciliación", que "cierra una herida histórica, repara agravios y devuelve la dignidad a los incautados".

Añadió que será también una norma que beneficiará a los catalanes pero también a los castellanoleoneses, que tendrán en Salamanca un nuevo centro documental de la memoria histórica para el que el Gobierno destinará 12 millones de euros.

"CORTINA DE HUMO"

Como ya ocurrió en el debate en la Comisión de Cultura el pasado 26 de octubre, el PP se quedó solo en la defensa del veto a la ley.

El portavoz popular, Juan Van Halen, justificó el rechazo de su grupo en que el Gobierno "atenta contra la unidad del patrimonio cultural" al sacar documentos de Salamanca con el único propósito de atender las exigencias del tripartito catalán y después de que los gobiernos de UCD, PSOE y PP hayan dicho "no" a las exigencias de Cataluña desde la Transición en aras de la unidad del archivo.

El PP denuncia además que el Ejecutivo ha desoído a los expertos, así como la opinión contraria a la devolución de la Junta de Castilla y León y la de miles de ciudadanos de esta región.

También sostiene que el Centro Documental para la Memoria Histórica que "crea" el proyecto de ley ya existe en realidad desde hace años y sólo es una "cortina de humo" para ensombrecer el "expolio" de unos papeles.

Van Halen dijo que la ley "abre ahora el melón" para que otras comunidades planteen a la Administración central reivindicaciones similares a las que ha exigido con éxito la Generalitat catalana.

SIN PERJUICIOS

Por CiU, Nuria Aleixandre se felicitó de que el Senado haya aprobado con carácter definitivo esta ley en una jornada que supone "el principio del fin" de una larguísima demanda de la ciudadanía y de los partidos políticos catalanes.

Para Miquel Bofill, de Entesa Catalana de Progrés, la iniciativa del Gobierno "salda una deuda que ha estado pendiente largos años" y lo hace sin perjudicar a nadie.

Francisco Javier Maqueda, del PNV, mostró el apoyo de su grupo a la devolución a Cataluña, pero lamentó que el Ejecutivo no haya hecho caso de otras peticiones de documentos que también le han formulado con el mismo derecho otros gobiernos autonómicos que sufrieron expolios similares, como el País Vasco.

Precisamente esta petición para Euskadi era una de las incluidas entre las 44 enmiendas formuladas sin éxito por la oposición, entre las que figuraba una propuesta de IU para que otras instituciones y entidades privadas se beneficien de la devolución de legajos depositados ahora en Salamanca.

Una vez que la ley entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, se creará en el plazo de dos meses una comisión mixta entre el Gobierno de España y la Generalitat para la identificación de los documentos que serán devueltos y una vez realizada esta labor, Cataluña recibirá los fondos en un plazo máximo de tres meses.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se creará y pondrá en funcionamiento, con el carácter de titularidad y gestión estatal, un Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca, en el que se integrarán los fondos del actual Archivo General de la Guerra Civil Española.