Según informó este martes el Instituto Armado, en la ‘operación Rubo’ se ha investigado también a tres sociedades mercantiles y los detenidos están acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de los de falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La empresa contra la que se ha actuado llevaba gestionando de manera ilegal residuos peligrosos al menos desde el año 2015 y otra empresa de transporte hacía de intermediaria y se encargaba de trasladarlos a vertederos.

Además, los residuos plásticos que no estaban tratados acordes a la normativa vigente, eran exportados como materia prima al Sudeste Asiático, cuando debían haberse exportado como residuos previa descontaminación de los mismos.

200.000 TONELADAS SIN TRATAR

Tras las primeras pesquisas, los agentes constataron que esta empresa llevaba años incumpliendo todos los procesos relativos a la gestión de residuos peligrosos. Las irregularidades afectaban desde al almacenamiento de envases que contenían sustancias peligrosas a la intemperie a la manipulación sin autorización de residuos con amianto.

La compañía acopiaba más cantidad de residuos de la que declaraba a la administración, existiendo hasta una diferencia de 115.632 toneladas de residuos sin trazabilidad alguna en el periodo de estudio, desde 2016 al 2020. La planta no estaba preparada para la gestión de esas cantidades y acumulaba en grandes contenedores que carecían de medidas de seguridad productos como amianto, ácido sulfúrico etc.

Gran parte de estos residuos se transportaban entre empresas para acabar en vertederos sin las autorizaciones obligatorias. Se han documentado cerca de 2.800 traslados entre diferentes puntos de la geografía española. Esto afectó a más de 200.000 toneladas de residuos sin tratar adecuadamente, mezclando residuos metales, plásticos, lodos, pinturas y hasta barnices.

Con motivo de las inspecciones realizadas, se comprobó por los agentes del Seprona, la existencia de continuos vertidos a la red de alcantarillado en valores superiores a los límites establecidos. Las mediciones identificaron la existencia de contaminantes peligrosos a las aguas residuales que no eran depuradas convenientemente, afectando a la capacidad de tratamiento de la estación depuradora.