Así se recoge en el Informe Anual de 2022 de esta institución, en el que se señala que con cierta frecuencia la ciudadanía percibe una ausencia de garantías en los cortes de suministro eléctrico, que son llevados a cabo por parte de las empresas comercializadoras de una forma unilateral.

De hecho, se trata de una cuestión sobre la que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado en varias ocasiones en los últimos años.

Además, incide en la necesidad de reconocer el derecho de los consumidores a formular alegaciones en su defensa, y ello en unos plazos razonables, antes de proceder a la suspensión del caudal eléctrico.