Así lo aseguró durante la presentación en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso el informe anual que la institución elabora en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (MNP) correspondiente al año 2020.

Gabilondo concretó que las personas internadas y repatriadas en ese año fueron 1.244, frente a las 3.758 de 2019. Y que se identificaron 44 casos de menores no acompañados, frente a los 54 del año anterior. Asimismo aseguró que del total de las personas internadas, 776 pidieron protección internacional, pero sólo se admitieron a trámite 166 casos.

Durante su intervención, Ángel Gabilondo ha asegurado que “como sociedad debemos buscar en primera instancia que las personas privadas de libertad logren la reinserción y la reeducación, tal y como marca la propia Constitución”. En este sentido, destacó que “es imprescindible velar por la dignidad y los derechos de estas personas, ya que son más vulnerables y tienen un mayor riesgo de sufrir posibles violaciones de sus derechos”.

El Defensor se hizo eco de que la pandemia ocasionada por la Covid-19 marcó la actividad que desempeña en su condición de MNP en 2020. En las primeras semanas del Estado de Alarma, el MNP realizó tareas de supervisión a distancia o sin contacto y cuando se dieron las garantías necesarias se retomaron las inspecciones habituales.

En balance, se llevaron a cabo 115 actuaciones de supervisión de las que 66 fueron visitas presenciales y 49 actuaciones sin contacto. En total, se formularon 686 resoluciones (119 recomendaciones, 545 sugerencias y 22 recordatorios de deberes legales).

Ángel Gabilondo ha explicado que el MNP realizó 47 actuaciones en dependencias de privación de libertad de corta duración, de las cuales 39 fueron visitas y ocho actuaciones no presenciales. Estas inspecciones generaron 26 recomendaciones, 335 sugerencias y cuatro recordatorios de deberes legales.